El Gobierno de la Generalitat tiene un plan para superar los recelos del empresariado a pagar sus impuestos a la hacienda catalana. Fuentes próximas al Ejecutivo de Carles Puigdemont explican que la clave está en las pequeñas patronales con gran poder sobre determinados sectores.

Consideran que se dará el paso si estas organizaciones así lo recomiendan y, por ello, se les debe presionar para que expliquen a sus empresas afiliadas las bondades de optar por el sistema de liquidación de tributos en Cataluña. La mejor herramienta para que el objetivo llegue a buen puerto, según los mismos interlocutores, es la dependencia económica de muchas de estas organizaciones de los presupuestos públicos. Especialmente la de sus estructuras de gestión.

Primeros prescriptores

Para convencerles, se explicará a las patronales sectoriales que las entidades que dependen directamente de lo público ya rinden cuenta de sus obligaciones fiscales en las oficinas de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Consorcios y empresas de la Generalitat y corporaciones de ayuntamientos con mayoría independentista, básicamente.

Serán los primeros prescriptores de las bondades de la hacienda catalana. Pero el grueso de esta responsabilidad se traslada a las corporaciones sectoriales.

La Generalitat tiene claro que no puede contar para este fin ni con Foment del Treball ni con Fepime, instituciones que se han opuesto al procés desde el primer momento. Dudan de Pimec por las diferentes sensibilidades que existen en la patronal de pymes encabezada por Josep González, por lo que prefieren centrar sus esfuerzos un peldaño por debajo.

Negativa del empresariado

El empresariado catalán se mira con mucha distancia la puesta en marcha de la ATC. Indican que por mucho que Junts pel Sí indique que obligará a usar los mecanismos de la Generalitat para liquidar impuestos, evitarán exponerse a una multa de la Agencia Tributaria.

Al final, el éxito de la llamada hacienda propia recae en una dicotomía: qué despierta más temor entre los empresarios, una multa de Madrid o una de Barcelona. El Govern prevé que la intervención de gremios y otros asociaciones sectoriales decante la balanza.