La nueva Hacienda catalana tendrá las mismas competencias que la andaluza

La nueva Hacienda catalana tendrá las mismas competencias de las que ya gozan las agencias tributarias de Andalucía o Asturias. Ni más ni menos. Así lo confirman los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que ven la presentación de la nueva Hacienda catalana más como una “operación de marketing” que un cambio real del ente existente desde 2007. Los técnicos fiscales mantienen, además, su escepticismo sobre la capacidad de este organismo para abarcar todos los impuestos que gestiona un Estado. Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, se necesitarían “4.000 nuevos efectivos para asumir las competencias estatales”, y “hasta el doble” para luchar contra el fraude fiscal que, en Cataluña, se sitúa como la media estatal, en el 24,6% del PIB.

Desde el Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat responden que su objetivo para finales de año es llegar a los “800 trabajadores” y que “en principio” la “recaudación” ya se podría hacer en una eventual declaración de independencia tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. Una premisa que cuestionan desde el ministerio dado que el Govern no tiene competencias sobre la mayoría de los tributos, como son los impuestos aduaneros, el IVA, la renta, los impuestos de sociedades y los impuestos especiales. "Estos lo gestiona la Agencia Estatal”, apostillan.

Despliegue territorial

La única novedad de la agencia es el despliegue por todo el territorio, con 32 nuevas oficinas, para gestionar directamente los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y del de Sucesiones y Donaciones, cedidos. Hasta la fecha se realizaba a través de los registros de la propiedad. También se encargará de la gestión de las deudas de los tributos locales. Una elección que, lejos de ser inédita, consiste en recuperar una tarea que había cedido al Estado en el pasado. Estas 32 nuevas oficinas son de titularidad autonómica, algunas compartidas con los entes locales. 

Esta “descentralización” es valorada como “positiva” por parte de los técnicos estatales, porque la “proximidad” al ciudadano y el “conocimiento de los hechos impunibles” puede contribuir a controlar la economía sumergida de forma más eficaz. No obstante, no es una peculiaridad de la Hacienda catalana, otras administraciones tributarias de otras comunidades, como Andalucía, Baleares, Asturias, Canarias o Murcia, ya lo vienen gestionando directamente desde años.

"Agotar las competencias estatutarias"

En las cuatro capitales de provincia catalanas la gestión ya se había cedido a la agencia catalana, y ahora se ha extendido al resto de municipios. “Hoy en día, con las herramientas informáticas y el despliegue territorial hecho por diversas administraciones la existencia de los registros ya no tiene tanto sentido”, esgrime Mollinedo, que añade que la función de los registros era “llegar donde no llegaban las comunidades autónomas”.

Desde el Departamento de Economía y Hacienda insisten en que su objetivo era “agotar las competencias estatutarias” que, hasta el momento, no se había producido. Por esta razón han revocado algunos convenios para poder pasar a gestionar todos aquellos impuestos que el Estado ya contempla que puedan gestionar las autonomías. Sin extralimitarse en sus competencias. 

Traspaso de empleados

La Generalitat asimismo ha informado que asume el coste de estos trabajadores de los diversos registros de propiedad que hay por todo el territorio. En la actualidad, la agencia autonómica cuenta con 700 profesionales. De estos, 220 provienen de los registros.

Desde Gestha ven muy improbable que los cambios en la agencia catalana puedan cumplir con las ambiciones nacionalistas. Y recuerdan que, hasta la fecha, el ente autonómico cumple con la “normativa fiscal y competencial vigente en España”. Los técnicos de la agencia señalan que se modificó de acuerdo con los principios del Código Tributario de Cataluña, que se aprobó el pasado mes de julio, dentro de las posibilidades que permite la Ley General Tributaria (LGT) y la normativa que regula el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y las ciudades con estatuto de autonomía.