A falta de menos de un mes para la fecha anunciada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para celebrar un referéndum independentista en Cataluña, son muchas las incógnitas que todavía quedan por resolver. Por una parte, desde el Govern aseguran tener todo listo --urnas incluidas-- para llevar a cabo la votación con todas las garantías, e insisten en que será vinculante. En cambio, desde el Gobierno central garantizan que ese referéndum no se hará.

En todo caso, si el Gobierno es incapaz de hacer cumplir la ley --o decide ponerse de perfil, como ocurrió el 9-N-- y finalmente se realiza algún tipo de votación, la gran batalla política se centrará en la participación --más allá de cuál de las dos opciones resulte ganadora--.

El independentismo es plenamente consciente de que una baja participación sería una derrota política. Mientras que una participación alta podría ser utilizada para tratar de legitimar políticamente una votación ilegal, y conseguir algunos apoyos a su causa tanto en el resto de España como a nivel internacional --un ámbito en el que, hasta ahora, han cosechado un fracaso incontestable--.

Las formaciones no nacionalistas también son conscientes de ello. Así, el PSC y Ciudadanos ya han empezado la campaña para pedir a sus simpatizantes que no vayan a votar el 1-O. El PP lo tiene más complicado: sería contradictorio asegurar desde el Gobierno que no habrá referéndum y, a la vez, pedir que a sus seguidores que no vayan a votar. Pero todo apunta a que no tardarán en obviar sus propias incoherencias, ya que cualquier voto por el no a la independencia --o en blanco-- en realidad beneficia a los partidarios de la secesión.

Una cuestión recurrente

La preocupación por la participación en las consultas independentistas viene de lejos. Entre septiembre de 2009 y abril de 2011, diversas entidades privadas con un amplio apoyo institucional, político y mediático realizaron consultas secesionistas en medio millar de poblaciones catalanas. La participación media fue del 18% de los potenciales votantes (según datos de los propios organizadores), pese a que en muchas localidades se pudo votar durante varios meses.

Con estos antecedentes, los promotores de la consulta del 9-N y las formaciones independentistas --ambos, en realidad, eran los mismos-- pusieron el acento en la participación. En mayo de 2012, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, durante una entrevista en 8TV mostró su enfado ante la posibilidad de que los no independentistas optasen por no participar en la consulta secesionista. “Si ellos detectan que la forma de deslegitimar el proceso es no participar, tampoco participarán si [la consulta] es por la vía del referéndum. Pero el ridículo lo harán ellos, porque después no podrán decir que tienen razón. En democracia las decisiones se toman en las urnas, yo no sé ninguna otra forma de tomarlas. Podrán desentenderse de este proceso, pero si se desentienden es como si no estuvieran. Quedan borrados del mapa, fuera de la foto. Porque será evidente que el pueblo de Cataluña quedará llamado a pronunciarse”, señaló entonces, aunque evitó definir cuál sería una participación mínima razonable.

Sí lo hicieron, en cambio, el entonces secretario de Organización de CDC --y actual consejero de Territorio--, Josep Rull, y la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega. Rull situó en agosto de 2013 en el 50% la participación mínima necesaria para que un referéndum independentista tuviera “reconocimiento internacional y legitimidad interna” --un dato similar al que la Unión Europea exigió a Montenegro para validar su referéndum de secesión de Serbia de 2006--. Mientras que Ortega, dos meses antes, indicó como “deseable” una participación similar a la de las elecciones autonómicas de 2012, que fue del 67,76%.

El fracaso del 9-N

Lo cierto es que finalmente el 9-N de 2014 contó con una participación del 37% de los ciudadanos convocados (según datos de los organizadores, que no se sometieron a ningún filtro neutral con garantías), una cifra muy cercana a la de los votos que obtienen las formaciones nacionalistas en las elecciones autonómicas. Lo que confirmaría que la consulta fundamentalmente activó a los votantes nacionalistas, resultando así ser una movilización de independentistas, por independentistas y para independentistas. Todo ello a a pesar de que las encuestas previas al 9-N apuntaban porcentajes de participación mucho más altos, que oscilaron entre el 60% y el 80%. Con la excepción del sondeo del CEO presentado diez días antes del 9-N, que evitó dar datos de participación porque se temía que esta fuese muy baja, como acabó ocurriendo.

Ahora, los sondeos vuelven a prever niveles de participación de esa índole para el referéndum del 1-O pese a que se celebrase de forma unilateral y en contra de la ley. En junio pasado, una encuesta del Institut Opinòmetre para el diario Ara auguraba una participación del 64%. El CEO de la Generalitat apuntaba en julio una participación del 67,5%. Ese mismo mes, un estudio de GAD3 para La Vanguardia dejaba esa cifra en el 54%. Y otro de DYM para El Confidencial la fijaba en el 65,4%. La encuesta de SocioMétrica que este martes publica El Español prevé una participación del 50%.

Pero de igual forma que ocurrió en el 9-N, ahora las formaciones no independentistas apuestan por la abstención, mientras los secesionistas tratan de seducir a los contrarios a la ruptura para que vayan a votar (sí, no o abstención, pero, sobre todo, que vayan a votar, insisten).

No votar, la opción "más util" del no independentismo

Este lunes, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, ha reconocido que la clave del referéndum del 1-O es “la movilización y la participación”, aunque se ha fijado un objetivo muy modesto: “La participación del 1-O debe ser netamente superior a la del 9-N [que fue del 37%]”. Mas ha rechazado fijar mínimos más ambiciosos porque supondría “un gran favor a los que defienden boicotear” el proceso secesionista.

En realidad, este planteamiento ya lo plasmó en julio de 2013 el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), el grupo de sabios a los que Mas encargó la hoja de ruta rupturista. En su informe titulado La consulta sobre el futuro político de Cataluña, el CATN admitió su miedo a que la fijación de un porcentaje mínimo de participación en un referéndum “podría estimular, de forma indirecta, el abstencionismo, ya que para un votante contrario a la propuesta de la consulta puede llegar a ser más útil abstenerse que votar en contra”.