Los grupos parlamentarios de la oposición – PSC, Ciudadanos, PP y CSQP—han registrado hoy peticiones en el Parlamento catalán en las que instan a su presidenta, Carme Forcadell, a encargar un informe jurídico que justifique la decisión de la Mesa de posponer la tramitación de las proppsiciones de ley del referéndum y la ley de transitoriedad. Ambas normas fueron registradas por Junts pel Sí y la CUP en la Cámara catalana, pero la Mesa del Parlament no las ha incluido en el orden del día del próximo Pleno, a pesar de que el tiempo corre y está previsto celebrar un referéndum secesionista el 1 de octubre.

De esta forma, la oposición reta a los independentistas a culminar sus planes rupturistas y abandonar los subterfugios –“astucia”, dicen JxS—utilizados hasta ahora para eludir la acción de la Justicia.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha asegurado que “Forcadell está degradando el Parlament sometiéndolo a lo que digan Puigdemont y Junqueras”. Acusa a la presidenta del Parlamento catalán de convertir esta institución en “una gestoría del gobierno de la Generalitat” y de actuar “como la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC)”.  

Así lo ha dicho Carrizosa, después de presentar una solicitud en el registro del Parlament en la que se insta a la presidenta de la Cámara a pedir un informe a los servicios jurídicos sobre si es legal retener la tramitación de las leyes independentistas.

Aplazamiento

El grupo parlamentario del PSC también se dirigido a la Mesa del Parlament para que pida un informe jurídico sobre “la adecuación de las proposiciones de ley al ordenamiento constitucional y estatutario vigentes”. Asimismo, reclaman que, en el orden del día de la próxima reunión de la Mesa, se de una explicación “fundamentada y razonada” sobre la no admisión a trámites de las normas.

En parecidos términos se expresa el PP en una texto en el que, asimismo, solicita a la presidenta del Parlament que “requiera a los servicios jurídicos del Parlament la elaboración de un informe jurídico sobre el aplazamiento” de la tramitación de las leyes del referéndum y de transitoriedad.

Por su parte, CSQP reclama en un texto propio un informe jurídico “sobre la viabilidad o no de admitir a trámite por parte de la Mesa” las dos proposiciones de ley.