El delegado del Gobierno central en Cataluña, Enric Millo, ha afirmado que será el poder judicial quien actúe si el Govern no cumple la ley y decide convocar el referéndum: "Si ocurre, tendrá consecuencias y dependerá de la justicia".
Lo ha dicho este miércoles en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que no ha aclarado si comparte el posicionamiento del PSOE de retirar las urnas el 1 de octubre. Mantiene que la votación no se llegará a celebrar. Como mínimo, no de forma "válida, con garantías y vinculante".
La única solución: el diálogo
Millo no contempla una hipotética inhabilitación del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni una suspensión de la autonomía, un escenario en el que asumiría el cargo de jefe del Ejecutivo catalán. "La única manera de solucionar el problema es mediante el diálogo", ha reclamado.
Aun así, ha advertido de que habrá consecuencias legales si el Govern incumple la ley: "Quien decida quedarse fuera del marco legal no será un interlocutor válido. No se puede aceptar que nadie se autoatribuya competencias que no se pueden tener".
Ha matizado que el planteamiento del referéndum del 1 de octubre no es la misma que con la consulta del 9N de 2014. Ahora, hay "cinco sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que no se puede celebrar", ha sentenciado.