Es una ley de ruptura, sí, pero se encomienda al Estado español en los asuntos claves. La ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, presentada ayer por Junts pel Sí y la CUP en una nueva vuelta de tuerca independentista, contempla la negociación con el Gobierno de varias cuestiones fundamentales de esa hipotética república catalana.

La doble nacionalidad, catalana y española, es uno de los platos fuertes de esta ley, que los secesionistas quieren aprobar antes del 1 de octubre, fecha prevista para el referéndum. Asegura el artículo 9 de esta norma que “la atribución de la nacionalidad catalana no exige la renuncia de la nacionalidad española ni cualquier otra”. Un asunto que se da por hecho, pero al que, lógicamente, debería dar el visto bueno el Estado español.

Otro de los puntos importantes, y que se prevén, más conflictivos, es el artículo 21, referido a los “acuerdos con el Estado español en materia de personal y de contratos”. Por un lado, la Generalitat contempla la “formalización de un acuerdo con el Estado español para establecer un régimen de colaboración para la integración en la administración de la Generalitat del personal del Estado español que presta sus servicio en Cataluña”. También prevé un acuerdo con España sobre la subrogación de contratos del sector público --obras, suministros, prestación de servicios...--, convenios y acuerdos.

Cooperación judicial

El artículo 79 de la ley de transitoriedad indica, asimismo, que el Govern propondrá al Estado español la firma de un acuerdo de cooperación judicial. Ese mismo punto contempla el archivo o anulación “de los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscaran un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta”. Se trata de procesos abiertos por la Justicia española, por lo que también aquí se tendría que abrir un proceso de negociación.

La ley de ruptura no prevé en qué situación quedaría la deuda de la Generalitat, que en el primer trimestre del ejercicio en curso creció en 345 millones de euros y se situó en 75.443 millones. Sus impulsores admiten que este asunto también se debería negociar con el Estado español.