En algunos pueblos de Castilla y Aragón hay un camino, cuyo nombre rima con tonto o inútil, que no lleva a ninguna parte. Podría perfectamente aplicarse al emprendido en enero por la comisión parlamentaria para elaborar un documento-base a la novena ley educativa y primera consensuada de la democracia. Incluso con un compromiso de financiación.
El grupo, capitaneado por PP, PSOE y C's, retoma la marcha en septiembre con cuatro últimas comparecencias que se sumarán a las ya celebradas de 74 exministros, expertos, y representantes de la comunidad educativa. Pondrá el broche Andreas Schleicher, el responsable del famoso informe internacional PISA, ese en el que los escolares españoles reciben un sonado cate curso tras curso desde su creación en el 2000.
Despacito y sin fin
Estos caminos a niguna parte, como en el famoso cuento infantil de Gianini Rodari, suelen ser pedregosos. Estan llenos de agujeros y toda suerte de obstáculos. Y lo que es peor: no tienen fin. Así, concluidas las comparecencias, los partidos tendrán cinco meses para ordenar, analizar y negociar los centenares de ideas y propuestas de mejora.
El Senado trabajará en paralelo al Congreso de los Diputados. También despacito y con un plazo, en principio similar, tratará de emitir un segundo documento de propuestas para el reiterado pacto de Estado. Todo indica que darán las vacaciones de Semana Santa mientras los confrontan. Y las de verano sin haber puesto negro sobre blanco.
Tramitación Kafkiana
Imagen de una clase de religión en una escuela / CG
Imagen de una clase de religión en una escuela / CG
Quiénes conocen el paño aventuran que quizás en septiembre, pero del año que viene, los representantes del pueblo demostrarán si son capaces de acordar, o no como diría Rajoy, en temas tan vidriosos como los conciertos, la asignatura de religión, el currículo y los itinerarios educativos, las evaluciones del sistema, las becas, o el aumento del gasto público.
Además, en el preceptivo dictamen de lo que salga y el pasado a limpio por parte del Ministerio de Educación se emplearían otros nueve meses hasta poner sobre la mesa del consejo de ministros el proyecto de nueva ley. Luego debería ir al Congreso de los Diputados, pasar por el período de enmiendas, volver al pleno, ir al Senado, modificarse (o no) y volver al Congreso. Un proceso kafkiano, si encima se tiene en cuenta que al tratarse de una ley orgánica no basta con mayoría simple. Y habrá que negociar se nuevo para sumar escaños suficientes.
"Llegará el 2019 y el 2020, con elecciones generales a la vista, y otra vez al punto de partida", asegura escéptico una exalto cargo del ministro socialista Ángel Gabilondo, que fracasó en el intento de pacto en 2010. Eran vísperas electorales y la interlocutora, una Dolores de Cospedal pidiendo liderazgo, terminó dándole calabazas.
Espadas en alto
Entretanto, sigue implantándose la Lomce, también conocida como ley Wert, sin duda la más contestada de toda la democracia. Y las espadas en alto. Los populares están dispuestos a sustituirla por otra norma y no presionarán para recuperar en una nueva ley las reválidas de ESO y Bachillerato, rechazadas por todo el resto del arco parlamentario y la comunidad educativa. Fueron paralizadas en diciembre por el Gobierno para hacer posible las conversaciones.
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en una reunión del pacto de Estado educativo / CG
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en una reunión del pacto de Estado educativo / CG
Los socialistas han eludido hablar de líneas rojas, pero sólo ven posible un acuerdo que blinde un plan de financiación plurianual, --que debe recuperar una inversión del 5% del PIB y llegar al 7%--, que potencie y extienda las becas y que limite el papel de los colegios concertados.
Ciudadanos, el primer impulsor del pacto, se muestra dispuesto a actuar de puente. Pero la apertura socialista parece haberse radicalizado a juzgar por algunas declaraciones del recobrado líder, Pedro Sánchez, y su viraje hacia Podemos y las formaciones nacionalistas.
Recelo podemista
El partido de Pablo Iglesias recela de la comisión. Se abstuvo cuando se creó porque sospecha que sólo servirá para "hacer un lavado de cara" a la Lomce. Pone como líneas rojas que los 5.500 colegios concertados, en su mayoría religiosos, tiendan hacia su desaparición. También debería liquidarse totalmente la Lomce y desterrarse de la escuela la clase de religión.
Las propuestas moradas chocarían frontalmente contra las asociaciones de padres católicos y la Conferencia Episcopal Española. Acabarían con una subvención de las arcas públicas de 5.000 millones de euros y, de paso, dejarían sin sueldo del Estado a 25.000 profesores de religión, sin que categoría de fincionarios y elegidos directamente por los obispos.
Los nacionalistas y secesionistas del País Vasco, Navarra y Cataluña temen que la nueva ley sea, como ven la actual Lomce, invasora de competencias y recentralizadora. Comulgan con la Iglesia tanto como el PP, pero no están dispuestos a que se roce el control que tienen sus escuelas sobre la lengua, la historia y la geografía. También rechazan la creación de una carrera docente y un sistema de formación a nivel estatal.
Víctor Bermúdez Torres y otros expertos en educación y prospectiva auguran que habrá Lomce para otros cinco años. Tanto si en el 2020 gana las elecciones el PP y cuenta con el apoyo de C's, como si llega al Gobierno una coalición de izquierdas.
La elaboración de una nueva ley llevaría dos años y su implantación gradual tres. Triunfaría una vez más la táctica de Rajoy del resiste y vencerás."El exministro Wert no podría estar más satisfecho desde su retiro dorado en París", remacha Bermúdez.