“Me vuelvo a Mallorca, tengo a la familia colgada allí”. Así se expresaba ayer un diputado de la oposición tras la decisión de la Mesa del Parlamento catalán de posponer la tramitación de la ley del referéndum. La frase puede resultar banal, pero demuestra la perplejidad de los políticos catalanes, obligados a interrumpir sus vacaciones, después de que Junts pel Sí y la CUP lograran que la segunda quincena de agosto se declarara hábil.

El regreso anticipado no sirvió de nada, pues en la reunión de la Mesa, que había despertado una gran expectación mediática, no se debatió la citada ley que debe regular el referéndum del 1 de octubre. Dicho de otra manera, esta norma ha quedado en el limbo a la espera de que sus impulsores decidan cómo tramitarla. Así, la jornada visualizó un nuevo fiasco del proceso independentista, que continúa bloqueado, algo que inquieta a la CUP. Los antisistema, socios del Govern en esta legislatura, han puesto el acelerador y ya tienen la vista puesta en la ley de transitoriedad, conocida popularmente de desconexión.

Pese a que la ley del referéndum había sido registrada el pasado 31 de julio por las formaciones independentistas, el órgano gestor de la Cámara catalana no la contempló en su orden del día. Esta circunstancia, sin precedentes, provocó una agria discusión. Entre los diputados de PP, PSC y Ciudadanos se extendía una sensación de estafa y/o tomadura de pelo. La reanudación del curso parlamentario en pleno mes de agosto ha sido posible gracias a la reforma del reglamento del Parlamento catalán, suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional --ayer fue notificada a los miembros de la Mesa--. Esa reforma posibilita, a su vez, la tramitación exprés de la ley del referéndum, es decir, en lectura única y sin que la oposición pueda debatirla.

A la espera de que la Mesa decida qué hacer, los diputados han decidido continuar sus vacaciones. Está previsto que la semana próxima haya una nueva reunión para decidir si, finalmente, la ley de referéndum se incluye en el primer pleno de septiembre o, como apuntan algunas fuentes parlamentarias, se decide alterar el orden de esa sesión plenaria una vez ya esté empezada para incluir su votación. O si se decide enviar el texto al Govern para que, en lugar de tramitarse como proposición de ley se haga mediante proyecto de ley.