El consejero de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, ha reafirmado su negativa a devolver las 44 piezas de arte sacro del Real Monasterio de Sijena (Huesca) que se encuentran en el Museu de Lleida. "Tendrán que ir con la policía judicial y cargarlas", ha remachado, frente a las reclamaciones de Aragón.
La Generalitat no entregó esas obras a finales de julio, cuando acabó el plazo, y Puig lo justifica en que la sentencia no es firme y que la Audiencia Provincial no ha resuelto los recursos que han presentado. Ha subrayado además que esta audiencia reconoció días antes que el consorcio del Museu de Lleida es el depositario de las obras.
"Una injusticia"
En una entrevista en TV3, ha dicho que el Ejecutivo catalán sigue pensando tienen la razón, tanto moral como de justicia. "Tendrán que ir con la policía judicial y cargar las obras", ha asegurado, y ha añadido que no pondrán barricadas ante el museo porque no es su estilo, pero sí que harán todo lo posible legalmente para evitar esta situación.
"No podemos admitir que se haga una injusticia, cuando todo se ha hecho documentado y demostrado", ha asegurado, y ha indicado que las obras están cerca de Sijena, abiertas al público que quiera verlas, mientras que hay otras en otros lugares del resto de España que están a horas en coche.
"El chocolate del loro"
Preguntado por qué ocurriría en una supuesta independencia catalana con equipamientos culturales que tienen parte de financiación estatal, ha dicho que serían viables. "El ministerio ha reducido tanto la aportación, que todo lo que haga ahora para hacer postureo, sería el chocolate del loro", ha señalado, y ha puesto como ejemplo el Gran Teatre del Liceu, que está remontando con aportaciones bajísimas del Estado, en su opinión.
Por último, Puig ha celebrado que la película Verano 1993, de la catalana Carla Simón, haya sido una de las españolas preseleccionadas para los Oscar, y ha remarcado que la película recibió una parte del cánon digital catalán, recientemente anulado por el Tribunal Cosntitucional (TC), que obligó a devolver los importes cobrados, de más de 30 millones entre mediados de 2015 y julio de 2017.