La alcaldesa de Barcelona también ha querido poner sobre la mesa su opinión acerca de la gestión que se está llevando a cabo en el aeropuerto de El Prat y ha reclamado una solución para la situación actual, además de un cambio de gestión. Ada Colau se ha reunido este viernes, 11 de agosto, con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y ha defendido que se resuelva el conflicto cuanto antes y por la vía del acuerdo.

Colau acogía la noticia del desembarco de la Guardia Civil en los controles de seguridad del aeropuerto considerándolo una barbaridad y un “atentado contra el sentido común”. La alcaldesa instó al Gobierno y a la Generalitat a convocar una comisión de seguimiento entre todas las administraciones si se prolongaba la huelga --como finalmente ha sucedido-- sobre la que ella misma reconocía que “lamentablemente” el consistorio no tiene competencias.

Primera manifestación

Pese a saberse sin apenas voz ni voto para mover ficha en el conflicto de la huelga de trabajadores de Seguridad de Eulen, Colau ha puesto todo su empeño en posicionarse en las primeras filas de la mediación y ha solicitado que todas las administraciones compartan la información y puedan colaborar en solucionar el problema.

“Barcelona no se puede permitir un aeropuerto colapsado. Es necesario un acuerdo, pedimos a Aena y Eulen un máximo esfuerzo”, publicó en sus redes sociales el pasado domingo, día en que se manifestó por primera vez acerca del caos generado en el aeropuerto barcelonés. Desde entonces, la líder de los comunes en el Ayuntamiento de Barcelona ha ido metiendo baza en las diferentes polémicas habidas en torno al asunto. Pese a saber que no tiene autoridad para decidir.

Multas a pisos vacíos

Lo mismo ocurrió el pasado julio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló la tasa que aprobó el gobierno de los comunes para gravar las viviendas vacías que eran propiedad de los bancos. Una medida que se acordó en el Pleno de septiembre de 2016 con el apoyo de ERC y que se frenó con el recurso de la Asociación Española de la Banca (AEB).

La sentencia del tribunal sostenía que la alcaldesa se había excedido en sus competencias y que no es tarea del ayuntamiento aplicar una tasa sobre viviendas vacías, sino de la Generalitat.

Cierre del CIE

También ocurrió con el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, que Colau pretende cerrar pese a que tampoco le compete. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaria, le recordó que no podía decidir cómo se gestiona la política migratoria y la expulsión de extranjeros en situación irregular, en alusión a una orden municipal de clausura del centro.

La alcaldesa se apresuró a contestar --utilizando el que se ha convertido en su canal de comunicación habitual últimamente: Twitter-- de forma contundente: “Moncloa puede decir lo que quiera, pero tenemos competencias en materia de licencias y también de derechos humanos, y las ejerceremos”.

Faltó a la comisión

Sin embargo, la ausencia de Colau en reuniones que sí le competen ha crispado, sobre todo, a los miembros de la oposición del consistorio. Faltó a una cita clave como fue la comisión extraordinaria de Seguridad celebrada el pasado lunes, 7 de agosto, en el ayuntamiento, en la que tenía que dar explicaciones sobre su gestión ante el ataque al bus turístico cometido por Arran.

Era una situación inaudita, por la que los concejales interrumpieron sus vacaciones veraniegas y en la que criticaron reiteradamente la ausencia de la alcaldesa. La misma que, diez minutos antes de la comisión, protagonizaba otro de sus encontronazos virtuales, esta vez con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Defendía la presunta contundencia con la que tratan los comunes la violencia contra los turistas.