La mayoría independentista tensiona la recta final del 1-O

El macropleno de la semana pasada tenía que ser el colofón al curso político catalán y con el que la mayoría independentista del Parlament asentaba las bases de la desconexión de Cataluña del resto de España. Sin embargo, los mismos grupos que la forman, Junts pel Sí y la CUP, no quieren desaprovechar ni un solo día para que se hable del referéndum que quieren celebrar el 1 de octubre y de la tensión que genera con las instituciones del Estado.

El pulso que mantiene el Govern de Carles Puigdemont con el Tribunal Constitucional (TC) no afloja y este lunes se ha producido un nuevo capítulo de desafío por parte de ambas formaciones soberanistas: el registro de la ley del referéndum para la autodeterminación de Cataluña, presentada por el trámite de urgencia extraordinaria.

Sin efectos prácticos

Toda una puesta en escena ante la prensa, representada por los miembros de los partidos promotores de la iniciativa, a sabiendas de que a efectos prácticos no tiene ningún tipo consecuencia. Se entiende que la Cámara empieza a tramitar una ley cuando así lo dice la Mesa del Parlament --órgano rector-- y ésta no tiene previsto reunirse hasta el miércoles 16 de agosto. Y aun así, no está claro que en esa reunión se decida iniciar los trámites.

“Firmeza, determinación y convicción” son las tres palabras claves que el diputado de la CUP, Benet Salellas, ha repetido como su credo particular para no dejar ninguna duda de que el mensaje lanzado al Tribunal Constitucional era el correcto: ni un paso atrás. La misma consigna que se utiliza habitualmente en las manifestaciones; megáfonos, pancartas y petardos incluidos.

Salellas considera importante insistir en que ni las “amenazas” del Ministerio del Interior y de Mariano Rajoy, ni las actuaciones de la Guardia Civil, ni las intervenciones ante la capacidad de autogobernación del Parlament van a frenar la ola del independentismo. Menos todavía, cuando el día D se acerca cada vez más, y no van a permitir que la actividad política --que por estas fechas suele estar en horas bajas-- frene la hiperactividad a la que han acostumbrado a los catalanes.

Recursos al TC

El dirigente cupaire no ha escondido su esperanza de que se sumen más partidos políticos a los 67 diputados --excepto los cuatro miembros de la Mesa, para garantizar la imparcialidad-- que han firmado la ley. Sin embargo, la realidad es otra: Ciudadanos y Partido Popular han ido de la mano este mismo lunes al TC para presentar un recurso de amparo por la reforma del reglamento de la Cámara que permitiría aprobar las leyes de la desconexión por la vía de lectura única.

Los principales partidos de la oposición al Govern pedían al PSC de Miquel Iceta que abandonase la aparente neutralidad y se uniese a ellos para frenar lo que tachan de “cacicada” y “mordaza”. No fue así. En el caso del partido de Lluís Rabell, Catalunya Sí que es Pot, ni siquiera se pronunció.

Hiperactividad del Govern

A la misma hora, contribuyendo al ajetreo poco habitual de un lunes último día de finales de julio, el PDeCAT de Carles Puigdemont presentaba un escrito ante la fiscalía en el que insta a investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por el presunto uso partidista “con fines políticos” que hizo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la llamada operación Cataluña. Sin olvidar la denuncia contra la Guardia Civil que presentó este fin de semana el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se despidió de los diputados al finalizar el último pleno antes de las vacaciones de verano instándoles a descansar y, pese a no haber firmado ni acudido a la fotografía del registro de la ley del referéndum, deambulaba este lunes por los pasillos de la Cámara transitados, en su mayoría, por la treintena de periodistas acreditados para inmortalizar el momento --y que han tenido que hacer por turnos, obligando a los diputados a permanecer durante unos 20 minutos en el mostrador del registro--.

Freno del tribunal

La reforma exprés, como era de esperar incluso por los propios promotores, ha sido suspendida cautelarmente por el TC en una reunión que ha durado menos de una hora y en la que se ha acordado por unanimidad admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó Rajoy el pasado viernes.

La decisión del tribunal supone la suspensión automática de la reforma parlamentaria recurrida durante cinco meses prorrogables o hasta que el TC dicte una sentencia al respecto. También supone una advertencia a Forcadell, además de a los otros miembros de la Mesa, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión solicitada. Un aviso que incorpora las responsabilidades, incluida la penal, que conllevaría no obedecer.

“Si el Tribunal Constitucional ha de decir alguna cosa, que lo diga. Nosotros ya iremos tomando las decisiones oportunas sobre los hechos”, ha dicho a los medios Marta Rovira, diputada de ERC, tras la escenificación de su paso firme hacia la independencia de este lunes. Por el momento, el calendario de los partidarios a la ruptura con el resto de España fija la próxima cita el 16 de agosto, cuando se retoma la actividad parlamentaria y la Mesa vuelve a reunirse. A finales de mes, presentarán la ley de transitoriedad y el 6 de septiembre, cinco días antes de la que tiene que ser la última Diada de Cataluña como comunidad autónoma, el primer pleno ordinario.

Sin embargo, acciones como aplazar la presentación de la ley de transitoriedad --que tenía que haber sido este lunes, mientras el TC se reunía para analizar el recurso del Gobierno-- se explican por los propios diputados como un motivo para poner toda la fuerza en todas las acciones que están llevando a cabo estos días los diferentes partidos independentistas para que los catalanes entiendan bien la ley del referéndum. Y, de paso, que nadie se distraiga ahora, en plena recta final, del camino hacia el 1 de octubre.