La mayoría secesionista del Parlamento catalán ha celebrado esta semana el que podría bautizarse como el pleno de la desconexión. Los grupos de Junts pel Sí y la CUP han protagonizado las decisiones mayoritarias —en escaños, no en votos populares— que han orientado el timón de la comunidad autónoma hacia la vía de la independencia exprés.

El primer paso, y quizá el más contundente, para los favorables a la separación de España es la reforma del reglamento de la Cámara con la que se permite que los grupos parlamentarios puedan impulsar leyes por la vía de la lectura única, el procedimiento de máxima urgencia que acorta los plazos del debate, restringe la presentación de enmiendas y deja casi sin tiempo de reacción al Gobierno del Estado.

Recurso de la oposición

Una iniciativa que se aprobó en la segunda sesión del pleno escoba, el miércoles pasado, y que contó con nueve votos de diferencia: 72 apoyaron la propuesta y 63 la rechazaron. Nadie se abstuvo. Las reacciones de la oposición no se hicieron esperar, aunque quizá con cierta torpeza inicial, puesto que ni el Partido Popular ni Ciudadanos sabían, en un primer momento, si acudir al Tribunal Constitucional de la mano o si hacerlo por separado.

El Partido Socialista de Miquel Iceta se mostraba dubitativo, aunque sostenía por lo bajini que no tenía la más mínima intención de presentar ningún recurso de amparo. Catalunya Sí que es Pot, sin embargo, ni siquiera se pronunció. Finalmente, PP y C’s se unieron contra lo que consideraron “una cacicada”, “un reglamento mordaza” y varios apelativos similares.

Dudas sobre el registro

En los pasillos se palpaba la confusión —quizá generada por el propio Gobierno de Carles Puigdemont y alimentada por sus socios cupaires— sobre cuándo sería el momento clave, otro más, en el que se registraría la ley del referéndum que Junts pel Sí presentó en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y bajo el que colea la estela de la intervención de la Guardia Civil para pedir información sobre la financiación del acto.

Los tiros apuntaban a que sería ayer, último día antes de las vacaciones de verano de los diputados, cuando llevarían a cabo la escenificación. Parecido a la que se hizo en cuanto el dircom de la Generalitat, Jaume Clotet, llegó al Parlament tras declarar en el cuartel de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia: todos y cada uno de los periodistas fueron avisados para hacer la foto de Puigdemont y Turull arropándole, camino al hemiciclo. El paseíllo se hizo a velocidad crucero, tras una comprobación previa de que había quorum al otro lado de las cortinas de las dependencias presidenciales.

Las señales apuntaban, luego, a que el registro se hará el próximo lunes, para darle menos margen de reacción a la oposición. O incluso a la vuelta de las vacaciones, para echar más leña al fuego que pretende avivar la recta final hacia el 1 de octubre, pasando primero por el que tiene que ser, en teoría, el último 11 de septiembre de Cataluña como comunidad autónoma de España.

Un banco central catalán

Y para ello también era necesaria la creación de una estructura de Estado propia como es la Hacienda catalana, aprobada este viernes bajo los aplausos de la mayoría independentista y con 71 votos a favor y 62 en contra. La nueva ley del Código Tributario pretende asentar las bases de este órgano que liderará el departamento de Oriol Junqueras y llegar a ser una Hacienda ambiciosa para gestionar los impuestos de los catalanes y luchar contra el fraude.

El siguiente paso, tras asumir que esta Hacienda catalana está todavía lejos de una democracia fiscal real, es conseguir los cuatro objetivos principales: recaudar los tributos catalanes; disponer del personal necesario; crear un censo de contribuyentes —una decisión polémica que ha topado con la negativa de una gran parte de la sociedad entre la que se encuentran empresarios e inspectores— y crear un banco central catalán, además de una banca pública.

Una lista de quehaceres escritos en la lista de asuntos pendientes del Govern de Puigdemont que apenas tendrá tiempo de hacer vacaciones este agosto, ya que la actividad parlamentaria se reactivará la segunda quincena del mes. La presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, lanzó un enigmático y emocionado mensaje para dar por finalizado el macropleno: “Gracias a los que me han puesto fácil mi trabajo; pero gracias, sobre todo, a los que me lo han puesto difícil, porque con ellos he aprendido más”. La mitad de los diputados ya estaban fuera del hemiciclo.