Claro y rotundo se ha mostrado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante la reforma del reglamento del Parlament que permitirá aprobar por la vía urgente y sin debate las leyes de ruptura con España: “No habrá ningún referéndum el 1 de octubre” porque el Tribunal Constitucional (TC) ha dejado claro que es ilegal.

Por todo ello, Rajoy ha anunciado este viernes, tras la última reunión del curso del Consejo de Ministros, que interpondrá un recurso ante el TC contra dicha reforma. La única intención de la modificación, ha dicho, es “aprobar por trámite de urgencia y sin las más elementales garantías democráticas las leyes con las que pretenden liquidar la soberanía, la Constitución y el Estatut”.

Vulnera la participación minoritaria

El presidente ha recalcado que, tal como ha dicho el Consejo de Estado, con esa reforma “se puede estar vulnerando el derecho de participación política de la minoría parlamentaria” en las condiciones de igualdad que recoge la Constitución.

Con el recurso, el Gobierno “cumple con su obligación de velar por la legalidad”, pero también está “defendiendo a las instituciones autonómicas y a sus funcionarios, que no pueden ser utilizadas al servicio de una actuación abiertamente contraria a Derecho”.

Rajoy ha remarcado que la sociedad catalana es “muy plural y de carácter muy moderado” y “necesita que se les proteja del proceso radical y divisivo que se intenta imponer a las bravas”. “El Gobierno de España mantiene la determinación de defender la ley, con la serenidad y la mesura que brindan los elementos del Estado de derecho”, ha apostillado.

Paralización de la reforma

El Consejo de Ministros ha autorizado a Rajoy a promover el recurso después de que, este jueves, el Consejo de Estado emitiese un dictamen en el que concluye que hay “fundamentos jurídicos” para ello. El presidente lo pidió con carácter de urgencia el miércoles, tras la aprobación del reglamento del Parlament.

Aunque ha insistido en que él siempre ha estado dispuesto "a dialogar de la mejor manera en beneficio de todos", ha recalcado que lo que "nadie puede pretender" es que negocie la ruptura de la Constitución, que no es patrimonio suyo, ni del Gobierno, sino del conjunto de los españoles.

La admisión a trámite del recurso supondría la paralización de la reforma reglamentaria.