Los grupos parlamentarios acuerdan este lunes un Pacto de Estado contra la violencia machista. El acuerdo incluirá 200 medidas con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros para cinco años.
Este pacto fue uno de los acuerdos principales del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras la reunión que mantuvieron el pasado 6 de julio.
Prohibición de visitas al maltratador
Los partidos han conseguido sacar adelante el acuerdo a partir de un documento base redactado por el PP. Los grupos han pactado una serie de recomendaciones en los ámbitos de la prevención, la asistencia a las víctimas, la protección de los menores, el impulso de la formación de los distintos agentes o la mejora de la información sobre esta realidad social.
Entre otras reformas judiciales, se ha acordado regular la prohibición de las visitas a la cárcel al padre maltratador condenado por parte de los menores, en casos de violencia de género.
Sin necesidad de denuncia
Los partidos han decidido que no será necesario interponer una denuncia penal para el reconocimiento de la condición de beneficiaria de los servicios jurídicos, medidas de protección, asesoramiento o acompañamiento.
La acreditación como víctima de maltrato se podrá hacer a través de sentencias que declaren que la mujer ha sufrido cualquiera de las formas de violencia definidas en la ley, orden de protección vigente o resolución judicial que hubiera acordado este tipo de medida, informe del fiscal, atestado policial, informe médico o psicológico o informe de servicios públicos con capacidad de identificar estas situaciones.
Más competencias para ayuntamientos
El pacto supondrá la modificación de la ley de régimen local para que los ayuntamientos recuperen las competencias en promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género.
Para activar el sistema de acompañamiento de la mujer y evitar su desprotección, los partidos políticos han planteado la creación de unidades de apoyo en el ámbito local. Se regiran por los principios de atención permanente, actuación urgente y especialización en las prestaciones.