Hacienda exige a la Generalitat que le aclare el destino de 6.150 euros

El Ministerio de Hacienda ha dado 24 horas a la interventora general de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal Planella, para que aclare si se han desviado 6.150 euros para preparar el referéndum del 1 de octubre y le ha recordado que puede tener responsabilidades administrativas o penales si no contesta.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha remitido hoy una carta a la interventora general de la Generalitat de Cataluña, la segunda en menos de una semana, después de la que le envió el pasado martes reclamando explicaciones por el desvío, detectado el pasado 13 de julio.

El acuerdo del Gobierno

En esta nueva misiva, a la que ha tenido acceso Efe, Fernández de Moya recuerda el acuerdo del pasado viernes de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que alertaba de la posibilidad de suspender las partidas a Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) si se comprobaba que se estaba desviando dinero a preparar la consulta.

Un acuerdo mediante el cual se supervisará semanalmente las cuentas de la Generalitat con el fin de evitar que se destine dinero al referéndum del 1-0, para lo que la interventora general debe emitir un certificado.

Proceso refrendario

En ese certificado se debe hacer "expresa referencia a la existencia o no de partidas presupuestarias financiadas o no con cargo a los mecanismos de financiación que, directa o indirectamente, pretendan financiar o financien procesos refrendarios, así como las actuaciones llevadas a cabo para impedir el gasto correspondiente a esta finalidad".

También señala la carta, que la información recabada se trasladará a las autoridades competentes para dirimir la posible exigencia de la responsabilidad administrativa, contable y/o penal que, en su caso, "pudiera corresponder a los responsables del uso de fondos públicos, cualquiera que fuera su procedencia, por el uso de recursos públicos para financiar actividades relacionadas con la celebración de procedimientos relativos a consultas o referéndums ilegales".

Añade que la "resistencia" o la "negativa" a suministrar la información solicitada será objeto igualmente de traslado a las autoridades competentes, "a los efectos de reclamar las responsabilidades que correspondan".

El desajuste

El Gobierno decidió aumentar su control sobre las cuentas de la Generalitat y verificarlas semanalmente después de detectar un desvío de 6.150 euros, en una de las certificaciones mensuales, que hasta ahora estaba obligado a remitir el Govern catalán.

Fue en una partida, con cargo al programa "132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales", sobre la que el Ministerio de Hacienda y Función Pública reclamó más explicaciones a la Intervención General de la Generalitat.

El Govern responde

El Gobierno catalán, por su parte, niega que el gasto de estos más de 6.000 euros esté relacionado con el referéndum unilateral. Fuentes del departamento de Economía de la Generalitat han explicado que la Interventora General, Rosa Vidal, ha respondido este lunes a la solicitud del Ministerio de Hacienda, que había dado 24 horas para aclarar si se había desviado el dinero para preparar el 1-O.

Las mismas fuentes de la conselleria de Junqueras aseguran que el dinero corresponde a un contrato de mantenimiento de software relacionado con procesos electorales, que implica al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI). Reiteran que se trata de un gasto recurrente, y apuntan que esta demanda de información del ministerio es una de las muchas que recibe la Generalitat desde hace meses y que, en cada caso, se han dado las explicaciones oportunas.