La destitución de Jordi Jané, hasta ahora consejero de Interior, ha supuesto uno de los grandes triunfos de ERC en este proceso de depuración de disidentes. Hace tiempo que los republicanos, así como la CUP, querían deshacerse de este abogado, que rechazaba la unilateralidad del referéndum y que ocupaba una plaza tan importante como es el mando de los Mossos d’Esquadra.
La presión antisistema obligó a Carles Puigdemont a pedir a Jané más músculo secesionista. El consejero de Interior capeó el temporal con un proyecto de unificación de Mossos y de policías locales, presentado como una especie de “estructura de estado”, es decir, como el embrión de la futura “policía de Cataluña”. Asimismo, el acuerdo alcanzado con el Ministerio del Interior, que permite a los Mossos integrarse en el centro de inteligencia antiterrorista, también supuso un revulsivo para el ya exconseller.
Pero no ha sido suficiente. Jané no ha podido prometer desobediencia a la ley y obediencia a un referéndum con muchos visos de ilegalidad. Sobre todo cuando su esposa, Margarida Gil, acaba de ser nombrada miembro del Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano que vela por el ajuste de las leyes catalanas a la Constitución y el Estatuto y que ya se ha pronunciado en dos ocasiones en contra del referéndum.
Gil tiene una trayectoria muy polémica. En 2011, fue nombrada por el entonces presidente Artur Mas jefa del gabinete jurídico de la Generalitat. Debutó revocando la decisión del Gobierno tripartito de presentar acusación en el caso Palau, que destapó la supuesta financiación irregular de CDC. La aparición de la jurista en el sumario de las ITV –cuyo principal acusado, Oriol Pujol, acaba de llegar a un acuerdo con la fiscalía al aceptar los hechos imputados— por reunirse con un magistrado inculpado abundó en su polémico nombramiento. Gil tuvo que declarar como testigo y admitió que se había visto con uno de los empresarios inculpados.