La consigna es no hablar con los medios de ningún asunto relacionado con la compra de urnas para el referéndum del 1 de octubre. Así lo han afirmado a este medio fuentes del Departamento de Economía, que lidera el vicepresidente del Gobierno de la Generalitat, Oriol Junqueras, y que a día de hoy es el encargado de hacer efectiva la compra de las mismas.

“Las órdenes son no comentar este tema”, explican. Pese a hacerse con dinero público y haber publicado el anuncio de la compra, las directivas recibidas son claras y unidireccionales.

Este silencio se extiende a los demás departamentos, incluso al de Presidencia, que remite a la consejería encabezada por el líder de ERC si se quieren conocer los detalles del referéndum, aunque luego la contestación es la misma. Después de que la Administración catalana declarase desierto el concurso para la adjudicación de urnas el hermetismo sobre la cuestión ha ido en aumento y apuntan a que se busca un “golpe de efecto” que coja de improviso al Gobierno central.

¿Govern o entidades civiles?

El secretismo con el que se está llevando a cabo es tan grande que algunas voces sostienen que, finalmente, la adquisición de urnas se desviará a través de algunas de las entidades civiles que promueven el independentismo, como son la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, entre otras.

La campaña para “apadrinar una urna” ya estuvo sobre la mesa el pasado mayo pero no tuvo la acogida esperada. El sector independentista exigió entonces que fuera el Ejecutivo catalán quien se responsabilizase de la adquisición mediante una solicitud formal como sucede en el régimen general de los comicios ordinarios, para diferenciarlo del proceso participativo del 9N y cumpliendo con la ley de referéndum que prevé la sanción de aquellos ciudadanos que sean llamados a la mesas electorales y no acudan.

En conversación con este medio, la ANC niega la hipótesis de que el encargo pudiera recaer sobre ellos al asegurar que es el “Govern quien las tiene que comprar”, tal y como el mismo Ejecutivo de Puigdemont anunció hace un mes al amparo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) con un presupuesto de 200.000 euros.

Compra en el extranjero

El Gobierno se ha puesto a investigar la adquisición secreta de urnas, y las primeras hipótesis se dirigen a la compra en el extranjero --Francia o Italia--. Los artículos se enviarían al sur del país galo --la zona de Perpiñán-- para tener preparada la logística 48 horas antes del 1-O y desplegar las urnas por todo el territorio catalán en cuestión de minutos.

Fuentes de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) no desmienten este supuesto y muestran su convencimiento “de que urnas, las habrá”. El hecho de que el concurso público licitado por la Generalitat haya sido declarado desierto no significa que el mismo Govern no pueda ir a buscar una empresa en particular para el encargo, tal y como prevé la Ley 3/2011 de contratos públicos.

Consejero del referéndum

El anuncio de este martes, 11 de julio, de crear la figura de “consejero de referéndum” también respondería a concentrar en una sola persona la organización del mismo --que no la responsabilidad legal-- para evitar al máximo las filtraciones.

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, continuaría como responsable del área de Economía, pero el nuevo consejero asumiría las competencias para hacer la votación y coordinación de todo el operativo. De esta manera, Junqueras quedaría eximido de la ejecución final del referéndum.