El PSC de Terrassa, que gobierna en el municipio junto al PDeCAT, ha solicitado a la Generalitat que le envíe una notificación por escrito y oficial con la petición de colaboración del ayuntamiento en el referéndum previsto para el próximo 1 de octubre.
Se trata de un acuerdo de junta de portavoces previo al Pleno de junio, fijado para este jueves, 29 de mayo, y ha precisado que si llegara este requisito se trasladaría al secretario para conocer "la legalidad de la participación del consistorio en el referéndum", ha señalado el partido este miércoles en un comunicado.
De esta forma, Terrassa se suma a otras localidades gobernadas por el PSC donde se ha encargado a los secretarios judiciales que analicen la legalidad de esa votación. El acuerdo de los socialistas de Terrassa tiene lugar después de que el alcalde de la capital vallesana, Jordi Ballart, se desmarcara de la postura oficial del partido y asegurara en las redes sociales: “¡Yo no soy nadie para prohibir el derecho a voto!”.
El PSC de Terrassa advierte de que "sin respetar la legalidad no hay democracia ni Estado", por lo que se aplicará lo que el secretario dictamine, y ha asegurado la firme intención de proteger al trabajador público de la Administración Local y que no permitirá su colaboración si no hay cobertura legal. La formación socialista ha calificado de "intolerable" que ahora se traslade a los ayuntamientos la problemática del encaje entre Cataluña y el resto de España.
El PP de la localidad vallesana ha presentado una propuesta de resolución para el plenario que lleva por título "Garantizar el Estado de derecho, la democracia y la legalidad", en la que busca "el efecto indirecto" de conocer el posicionamiento del PSC.