“Tras la publicación del anuncio de licitación (22 de noviembre de 2011) para la mejora del dique Este (proyecto 233/ 21011, consistente en el refuerzo del talud del dique), siendo el valor estimado de 36.663.138,83 euros, el señor [Sixte] Cambra se reúne el 17 de febrero de 2012, entre las siete y las ocho de la tarde, con el señor [Andreu] Viloca, extesorero de la fundación Catdem y de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Dicha reunión fue propiciada con el señor Viloca a través del señor [Xavier] Tauler, consejero delegado de Copisa (empresa que se adjudicó el concurso)”.
Así se expresa la Fiscalía Anticorrupción en un informe elevado al juez de Instrucción número 1 de El Vendrell por el que se justifica la detención de Sixte Cambra y el registro de todas sus oficinas en la autoridad portuaria así como el decomiso de todos los ordenadores y agendas electrónicas o en papel del investigado.
Sospechosa adjudicación
“La obra fue adjudicada —prosigue la fiscalía— por la presidencia del consejo de administración de la autoridad portuaria (que ejercía Cambra), en su sesión celebrada el 22 de marzo de 2012 a la UTE compuesta por la mercantiles Comsa S.A.U., Acsa obras e Infraestructuras S.A., Copisa, constructora pirenaica S.A., y Benito Arnó e hijos S.A.”.
Según la fiscalía, “a cambio, el partido recibió 50.000 euros, a través de dos donaciones realizadas por la mercantil Copisa a sus fundaciones”.
El papel de intermediario o incluso de “otorgador” de Sixte Cambra no acaba ahí. Según la fiscalía, el presidente de la autoridad portuaria amañó un contrato con Copisa en una reunión que mantuvo en 2013 con el entonces tesorero de CDC, Andreu Viloca, y el dirigente del partido Francesc Sánchez. Se trata de la licitación de las obras de los nuevos accesos a la ampliación Sur Fase 1B. OB-GP-p-0674/2011 del puerto.
Tras la adjudicación, Tauler, exdirectivo de Copisa, ingresó en las cuentas de CDC dos donativos de 30.000 euros.
Esa nueva obra portuaria recayó, pues, en la UTE que lideraban Copisa, Acsa y VOPI-4.
Estudio de documentación
En un informe elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en febrero de este año (que se apoya en un informe reciente de la Fiscalía Anticorrupción), se califican las acusaciones contra Sixte Cambra en los siguientes delitos: alteración de recursos y subastas públicas, tráfico de influencias y organización criminal.
El 2 de febrero de este año, la Guardia Civil procedió al registro del despacho de Cambra en el World Trade Center de Barcelona, sede de la autoridad portuaria. Además del decomiso de todos sus soportes informáticos y archivos en papel, se le requirieron todos sus movimientos registrados en su agenda desde 2011, incluido el buzón de voz de su móvil desde esa fecha.
La Guardia Civil también entró en el despacho de la secretaria de Sixte Cambra y se incautó de dos discos duros y diversas agendas personales del presidente de la autoridad portuaria, que están siendo investigadas por los analistas del cuerpo.