Que unos 50 activistas de Arran, las juventudes de la CUP, se concentrasen ante la puerta de la sede del PP en Barcelona y bloqueasen el paso no preocupa en exceso a la conselleria de Interior de la Generalitat de Cataluña.
Al menos eso es lo que se desprende de las declaraciones del director de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, en una respuesta parlamentaria publicada el viernes en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), ante la pregunta de Ciudadanos sobre la suficiencia —o insuficiencia— de las dotaciones policiales desplazadas al lugar de los hechos.
No se negocia
Las juventudes cupaires protagonizaron un escrache el pasado marzo en las oficinas del Partido Popular de la calle Urgell de la capital catalana y accedieron al local, pero gracias a la doble puerta de seguridad no pasaron de la recepción. Una gesta que contó con la presencia de la diputada en el Parlamento catalán de la formación independentista Anna Gabriel y el exdiputado David Fernández.
Los cachorros de la CUP protestaban por el bloqueo que, a su entender, están llevando a cabo los populares para celebrar un referéndum unilateral sobre la independencia de Cataluña. “La autodeterminación no se negocia. Referéndum sí o sí”, amenazaban en una pancarta.
Sólo una dotación
Una pareja de agentes de la policía catalana instó a los activistas a que desbloquearan la sede y estos, antes de retirarse, pintaron una estelada, pegaron adhesivos con mensajes independentistas y colocaron urnas de cartón en la entrada.
A las tres dotaciones de seguridad ciudadana de los Mossos d’Esquadra se sumaba sólo una de orden público dado que “no se consideró idónea la activación de más recursos policiales porque la actitud de este grupo de personas no era agresiva”, en palabras de Batlle. Sostiene que las "personas concentradas fueron liberando el acceso al local siguiendo las indicaciones de la policía".
Interior se lava las manos por lo que se refiere al coste de mantenimiento y conservación del espacio público municipal y alega que “no es competencia de la dirección general de la Policía, sino del Ayuntamiento de Barcelona”.
Faltan ante el juez
Los seis miembros de Arran investigados por presuntos delitos de daños y desórdenes públicos tras las consiguientes identificaciones no acudieron a declarar la semana pasada ante el Juzgado de Instrucción número 11 de la Ciutat de la Justícia de Barcelona.
Para los cachorros de la CUP no tiene ningún sentido comparecer ante la justicia española porque no la reconocen y porque el caso “deriva de una denuncia del PP”. No tienen miedo a las represalias que puede comportar no presentarse ante el juez porque su propósito es solo uno: forzar el conflicto con el Gobierno de España.