El bofetón a la amnistía de Montoro, en seis píldoras

La anulación de la amnistía fiscal decretada por el Tribunal Constitucional ha supuesto un durísimo varapalo para el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. Quienes conocen de cerca el desarrollo de aquel decreto de 2012 no tienen empacho en calificarlo de “chapuza” y, en contraposición, advierten del “Guantánamo recaudador” que en paralelo se produjo entonces para el ciudadano medio.

Uno de los expertos que participaron en la implementación normativa del decreto es Esaú Alarcón, abogado y profesor de Derecho Financiero de la Universidad Abat Oliba CEU. Alarcón es, además, miembro de la Sección de Derechos y Garantías y Práctica Tributaria de la Aedaf (Asociación Española de Asesores Fiscales) y acaba de ingresar en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

El experto analiza lo ocurrido para Crónica Global en seis píldoras:

—¿La amnistía fiscal fue una chapuza? Sí. Esaú Alarcón considera que es un “ejemplo de actuación fraudulenta del Estado”. Pero “no hay que pensar en conspiraciones paranoicas ni nada por el estilo”, precisa. Se hizo mal y punto. Por un lado hubo un régimen especial con un gravamen laxo para determinadas rentas ocultas y, al mismo tiempo, un endurecimiento de las obligaciones del ciudadano medio.

—¿Era previsible la impugnación del Tribunal Constitucional? Alarcón ha advertido en varias ocasiones de las posibles irregularidades en esa amnistía fiscal. Formó parte de un grupo de trabajo en la Aedaf “que colaboró en implementar la normativa de desarrollo tras aquella chapuza inicial que supuso el RDL 12/12 (el ahora anulado)”.

—¿Por qué se aplicó? Si echamos la vista atrás, explica el fiscalista, España atravesaba por una situación extrema. “La amenaza de los llamados hombres de negro, la prima de riesgo disparada... Por eso, se le ocurrió a Montoro la idea de la amnistía fiscal”.

—¿Cuál fue el principal argumento? “Había un agujero en los presupuestos, por culpa del mandato de José Luís Rodríguez Zapatero, de 2.500 millones de euros”, explica el académico. Y ese fue el principal argumento “moral” del ministro.

—¿Quién se benefició? Hubo políticos y empresarios que se beneficiaron de esa amnistía. Pagaron un tipo de entre un 1% y un 3% en un impuesto que en aquella época tenía una tarifa de entre un 51% (Madrid) y un 56% (Cataluña).

—¿Las personas señaladas pueden reclamar? La sentencia del TC no tiene efectos. Y que esas personas fueran señaladas o sometidas a un juicio paralelo no conllevará “en absoluto”, según Esaú Alarcón, “reclamaciones por daños y perjuicios”. Precisamente por esas altas ventajas fiscales.