El Tribunal Constitucional ha declarado este jueves de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP en marzo de 2012. La decisión no tiene efecto sobre los expedientes de aquellos contribuyentes que ya han regularizado su situación con Hacienda.

El motivo de la inconstitucionalidad es que una amnistía fiscal no puede aprobarse mediante decreto ley.

A iniciativa del PSOE

El recurso fue presentado por 50 diputados del PSOE contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducían diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción de déficit público.

En su recurso entendía que esta normativa favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados (para rentas superiores a 100.000 euros), mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43%. En realidad, como luego se demostró, acababan pagando sólo el 3%.

La flor y nata del país

A la regularización fiscal se han acogido personalidades públicas investigadas en los tribunales como varios miembros la familia Pujol, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados y su exsocio David Marjaliza --ambos imputados en el caso Púnica--, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. En su día, Hacienda cifró en 30.000 los españoles que se acogieron a este modelo retributivo dirigido a recuperar dinero oculto fuera del país.

La amnistía de Montoro no era la primera que se hacía en España.

Dos con los socialistas

De hecho, la primera vez tuvo lugar en 1984, cuando Miguel Boyer estaba al frente del Ministerio de Economía y Hacienda. Entonces se permitió una amnistía a través de compra de pagarés públicos conocidos como afros.

La segunda amnistía fiscal de la democracia se produjo en 1991, también durante el Gobierno de Felipe González, en la que se permitió la compra de deuda pública con dinero evadido a un interés del 2% (cuando el interés por entonces de dichas inversiones ascendía al 13%).

Sin prescripción jurídica

Para los inspectores de Hacienda, la amnistía del PP parecía más explícita que las anteriores, aunque se advirtió de que se investigaría el origen del dinero. Durante las dos amnistías anteriores, no existía la Agencia Tributaria, que se creó en 1992, con el fin de hacer cambios normativos tributarios necesarios para que los españoles se pusiesen al día.

En realidad, las amnistías no tienen por qué indagar en el origen del capital ya que los límites de Hacienda son los fiscales, no los jurídicos. Otra cuestión es que a través de una investigación judicial se conozca un origen ilícito, pero son dos procedimientos distintos.