El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha afirmando este martes durante el juicio por el caso Palau que las pruebas que acreditan la financiación irregular de CDC por parte de Ferrovial a través del Palau de la Música, “son lapidarias y se cuentan por cientos”, con independencia de las declaraciones autoinculpatorias de los principales acusados: Fèlix Millet, Jordi Montull y su hija Gemma Montull.
Las presuntas comisiones ilegales que la empresa Ferrovial pagó a la antigua Convergència forman parte de un “penoso esquema mental que se daba por bueno por parte de los imputados y del contexto social en el que se producían”, ha dicho Sánchez Ulled. El fiscal ha repasado, uno a uno, las decenas de documentos que justifican la acusación de tráfico de influencias y soborno contra la cúpula del Palau, la de Ferrovial y la tesorería de CDC.
La L9 del metro y la Ciutat de la Justícia
“El Palau era la cañería por la que Ferrovial enviaba dinero a CDC”, y eso, según el Ministerio Público, ya empezó antes de 2005. Entonces, el tesorero de CDC y de la Fundación Trias Fragas era Carles Torrent.
Según la documentación mostrada por Ulled, Ferrovial accedió a realizar las obras de la Línea 9 del metro y de la Ciutat de la Justícia de Barcelona tras pagar millonarias mordidas al partido. Los documentos aportados se encontraban en cajas escondidas en la institución, que los administradores judiciales del Palau descubrieron tras la detención del expresidente del Palau de la Música, Millet, y del exdirector de su fundación, Montull.
Cartas delatadoras
El modus operandi era el siguiente: Millet mandaba cartas a Ferrovial que instaban a “paga para atender las necesidades que tú ya sabes”, unos comentarios “sorprendentes” en el fondo y la forma, según Anticorrupción. Otras misivas revelan como Millet indicaba directamente a los tesoreros de CDC qué obras convenía adjudicar a qué empresas. El fiscal habla de "extraordinaria flagrancia del delito”.