El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP) deberá dar explicaciones ante el juez que le investiga por la trama Operación Púnica, Enrique Quiñonero Cervantes. El magistrado le imputa los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada. La declaración será el 6 de junio a las diez de la mañana, según ha notificado el instructor este viernes, 26 de mayo, y recoge Europa Press.
El magistrado ha acordado incoar diligencias previas para la averiguación de cuanto proceda en relación a la comisión de los delitos citados: fraude, cohecho y revelación de información reservada. Sánchez, que dimitió el 4 de abril pasado después de que en febrero el juez del caso le atribuyese tres delitos de corrupción, era en la fecha de los hechos investigados, en junio de 2014, consejero de Cultura, cuando supuestamente buscó mejorar su imagen pública en internet a través de empresas relacionadas con el caso Púnica.
Un juez amigo
La sala para el conocimiento de las actuaciones en el procedimiento que investiga la rama de Murcia del caso Púnica ha quedado finalmente constituida por el presidente, Miguel Pasqual del Riquelme, y los magistrados Álvaro Castaño y Concepción Roig, tras recibir la exposición razonada procedente del Juzgado Central de Instrucción 6 Audiencia Nacional.
De acuerdo con las normas de reparto se designa ponente a Miguel Pasqual del Riquelme e instructor a Enrique Quiñonero, todo ello tras abstenerse el magistrado Julián Pérez Templado, quien lo solicitó a la sala al poner de manifiesto al tribunal su amistad con el exconsejero Juan Carlos Ruiz y los lazos familiares que le unen a la esposa de éste, investigado en esta operación.
Lavado de imagen con dinero público
El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga presuntas irregularidades en Murcia en el marco de la trama Púnica, elevó el pasado 3 de abril la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) de la parte relativa a Sánchez, a quien le atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información. El expresidente murciano había solicitado voluntariamente ir a declarar para poder aclarar lo antes posible toda esta situación.
En su exposición razonada, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 justificó su decisión de enviar la causa a Murcia en que el investigado concertó trabajos con el informático experto en reputación en internet Alejandro de Pedro para "limpiar" con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región en 2015.
El juez aclara que esta resolución no es firme y que se pueden interponer recurso de reforma o de reforma y subsidiaria apelación, en el plazo de tres días, ante este Órgano judicial.