Germà Gordó se defiende: "Siempre he actuado de acuerdo a la ley"

El exconsejero de Justicia de la Generalitat y diputado de Junts pel Sí, Germà Gordó, ha negado este miércoles en el Parlamento catalán "haber cometido cualquier actuación ilegal” en los casos de presunta financiación irregular de CDC. Los procedimientos investigan supuestos pagos ilegales de constructoras al partido por adjudicarle obras públicas. A este respecto, Gordó ha asegurado que “siempre ha actuado de acuerdo con el ordenamiento jurídico”

El electo en la cámara catalana no se ha movido de esta línea argumental en su corta exposición, que no ha agotado los 30 minutos asignados en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos institucionales. Gordó fue citado para informar sobre su relación con los presuntos casos de corrupción que afectan a Convergencia.

La comparecencia se produce después de que el juez de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), el magistrado que investiga el caso 3%, haya pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investigue al representante de Junts pel Sí.

La condición de diputado en el Parlamento autonómico le confiere la condición de aforado, por lo que es el TSJC el tribunal competente para abrir diligencias. Si las inicia o no lo deberá decidir el magistrado designado, Enric Anglada.

“El conseguidor”

Un escrito de la Fiscalía Anticorrupción fechado en marzo consideró acreditado que Gordó --también exsecretario del Govern de Artur Mas de 2010 a 2012 y anteriormente gerente de CDC-- era "el conseguidor o recaudador" de presuntas comisiones ilegales pagadas a CDC a cambio de obra pública.

Los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda no veían "explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones" que Gordó tuvo con empresarios. Algunas de ellas se celebraron presuntamente en la sede de CDC y también en dependencias de la Generalitat de Cataluña.

Indicios

En su escrito, el ministerio público indicó que "Gordó había ido más allá del tráfico de influencias y había actuado decisivamente para la adjudicación de contratos con la administración pública".

El contundente escrito de los letrados fue un argumento central para que el juez que hasta ahora ha centralizado la investigación del caso 3%, el supuesto pago de comisiones ilegales a CDC, pidiera al TSJC que investigue al diputado.