Cuando el pasado enero, el juez de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), instructor del caso del 3%, elevó un informe al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que pedía la investigación del aforado Germà Gordó, ese expediente recayó en manos del juez Enric Anglada. Ese mismo día, este veterano magistrado, miembro de la sala civil y penal del alto tribunal catalán desde hace más de 20 años, puso en conocimiento de la presidencia la estrecha relación de amistad que mantenía con uno de los principales imputados en esta investigación sobre la financiación irregular del CDC, el empresario Josep María Bassols.
Este constructor, exalcalde convergente y exasesor del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está casado con la controvertida magistrada del Tribunal Superior de Justicia Nuria Bassols, conocida, entre otras cosas, por haber exonerado de culpa al diputado de CDC y expresidente de Adigsa Ferran Falcó cuando fue investigado, hace 14 años, por un caso de corrupción.
Decisión por mayoría
A pesar de la petición de ser relevado del caso formulada por Anglada, el pleno del TSJC, en el que participa la magistrada Bassols, votó al respecto de la objeción planteada por el propio juez y, por mayoría, decidió que no existían motivos “jurídicos sólidos” para apartarle del que empieza conocerse ya como caso Gordó.
Hace 15 días, el juez de El Vendrell envió una nueva petición al TSJC para que investigue al exconseller, a quien la fiscalía considera en la cúspide de la trama que supuestamente adjudicaba obra pública a cambio de comisiones para financiar al partido. La condición de aforado de Gordó implica que sólo puede ser investigado por el TSJC.
Esta segunda petición ha recaído, pues, de nuevo, en manos del magistrado Anglada, que tiene que decidir si se investiga o no a Germà Gordó y, en caso afirmativo, qué diligencias de averiguación se ponen en marcha.