La Ley de Transitoriedad Jurídica, la llamada ley de ruptura catalana, prevé declarar la independencia inmediata de Cataluña si el Gobierno de España impide que se celebre el referéndum separatista previsto para después del verano y, entre otras medidas, fija la pregunta de esa consulta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?"

Según consta en el borrador de la ley, mantenido hasta ahora en secreto por el Gobierno catalán y que hoy publica El País, se trata de un documento que aspira a funcionar como constitución catalana durante dos meses y que fija las bases del proceso constituyente para la formación de la "república parlamentaria" de Cataluña.

El Parlament dará la señal

En su disposición final, el borrador establece la declaración unilateral de independencia si el Gobierno central impide la celebración de la consulta popular para la secesión y que ello se llevaría a cabo inmediatamente después de que el Parlament catalán "constate este impedimento".

Desvela asimismo que el resultado de la consulta sería vinculante, sin necesidad de un mínimo de participación ni de una mayoría cualificada para la secesión, todo ello supervisado por observadores internacionales, para el reconocimiento pleno del nuevo Estado catalán.

El país seguirá en la UE

El borrador de la ley da por hecho que Cataluña seguirá dentro de la Unión Europea y asume sus leyes actuales y las que pudieran aprobarse posteriormente a la declaración de independencia que, en ambos casos, pasarían a formar parte del nuevo ordenamiento jurídico catalán.

Respecto a la organización de la Justicia, elimina la división de poderes y da un control absoluto al Govern catalán sobre el poder judicial, de manera que el presidente de la Generalitat nombraría al fiscal general de Cataluña --ahora es potestad del jefe del Gobierno español y del fiscal general del Estado-- y al presidente del Tribunal Supremo catalán.

Nuevas oposiciones

Los jueces, magistrados, fiscales y letrados del Estado español, según el borrador de la ley secesionista, "podrán concursar en las plazas que se convoquen" en el hipotético Estado catalán, es decir, que deberán concursar de nuevo si quieren mantener su plaza en Cataluña y el Ejecutivo catalán participaría en los procesos selectivos que fijase la futura ley.

La amnistía para todos los imputados y condenados por causas secesionistas (medida que afectaría al expresidente catalán Artur Mas, condenado a dos años de inhabilitación por la consulta independentista de 2014); la obligación a policías y jueces de solicitar la nacionalidad catalana para seguir ejerciendo, o la de que los funcionarios públicos aprendan catalán para poder trabajar, son otras disposiciones recogidas en el texto de la ley.

La nacionalidad

Asimismo, establece que se otorgará la nacionalidad catalana a todo aquel ciudadano español que acredite, al menos, un año de empadronamiento en algún municipio catalán o acredite un mínimo de dos años continuados de residencia en Cataluña en el pasado. En todo caso, dice, ello "no exige" renunciar al pasaporte español.

En cuanto a los bienes públicos, la Generalitat pasaría a ser titular de "cualquier clase de derecho real" sobre todos aquellos que estén en territorio catalán y se "subrogaría" los contratos de obras y servicios formalizados por el Estado y que afectan a Cataluña.

Precisamente hoy, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, pronuncian en Madrid la conferencia "Un referéndum para Catalunya. Invitación a un acuerdo democrático".

"Sólo referéndum pactado"

Jordi Turull, presidente del Grupo Parlamentario de Junts pel Sí en el Parlament, ha desmentido el contenido del borrador de ley. Se trata, según ha dicho en Twitter, de un borrador antiguo, que ya está desfasado. "Quien os haya pasado el texto", dice el político nacionalista dirigiéndose a El País, "Está muy desfasado".

El Govern no contempla ahora más que la celebración del referéndum y, además, pactado con la Administración central. Esa línea de actuación ha sido ratificada también a la redacción de La Vanguardia por portavoces autorizados de la Generalitat.