La compactación del horario escolar en Secundaria provocó el cierre de la mayor parte de comedores en los institutos catalanes. Y los pocos que quedan todavía están en manos de oenegés o empresas privadas como Grifols que, vía mecenazgo, subvenciona este servicio escolar.

Que esta multinacional, afín al independentismo, realice este tipo de labor social a través de su Fundación Probitas pone de manifiesto el rechazo de la Generalitat a asumir lo que la diputada del PSC Esther Niubó califica de “servicio troncal dentro del proyecto educativo”. Así lo manifestó la socialista durante una interpelación presentada ayer, 18 de mayo, en el Pleno del Parlamento catalán sobre los servicios de comedor y transporte escolar.

Niubó exigió a la consejera de Enseñanza, Meritxell Ruiz, que se reabran los comedores escolares en los centros de Secundaria el próximo curso para “revertir el agravio que supuso el cierre derivado de la compactación de la jornada escolar”. También pidió que "se corrijan las injusticias que se generan actualmente en no haber criterios de renta en determinadas ayudas al servicio comedor”. En este sentido, denunció: "Nos encontramos con casos de centros que segregan por sexo con alumnado que es becado para el servicio comedor junto a otros que no ofrecen ni beca ni servicio de comedor".

Un nuevo modelo de contratación

Niubó cree necesario "abordar una reforma del modelo de contratación pública de acuerdo con la normativa europea, que priorice la calidad del servicio por encima de los precios", y urgió al departamento de Enseñanza a que se comprometa a no subir precios del menú, recordando que "Cataluña es la comunidad autónoma con un precio de menú más caro".

ester niubo

La diputada del PSC Esther Niubó, durante la interpelación sobre comedores escolares

En su respuesta, la consejera Ruiz no aclaró si se reabrirán los comedores escolares o si se seguirá externalizando ese servicio, que según el PSC debería ser público. No obstante, aseguró que en los procedimientos de contratación “no se pone barreras a ninguna empresa, pero es necesario saber cuántos menús pueden servir. Y garantizar la calidad por encima del precio”.

Recurso de ACELLEC

La Asociación Catalana de Empresas de Ocio, Educación y Cultura (Acellec) presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la resolución de la Consejería de Enseñanza que determina el precio máximo de la prestación del servicio escolar de comedor.

La Justicia ha dado la razón a Acellec en anteriores ocasiones respecto a la inviabilidad de esos precios, que la Generalitat mantiene congelados desde 2010 y que están fijados en un máximo de 6,2 euros por alumno y día en el caso de los comensales fijos, y 6,8 euros en el caso de los comensales esporádicos. Un informe pericial encargado por el TSJC establece que, con esos precios, la prestación del servicio es económicamente inviable. Es decir, que el margen de beneficio --una vez pagados los costes del servicio-- es mínimo.

Esta situación favorece que las grandes compañías como Eurest, Sehrs o Serunion se lleven la mayor parte del pastel de los contratos de catering. 

Ruiz precisó ayer en sede parlamentaria que las directrices de la Conselleria, antes de que se presentara el recurso, eran otorgar más puntos a las entidades sociales. En marcha está la elaboración de un nuevo decreto relativo a los comedores escolares, tal como contempla la moción aprobada en el Parlamento de Cataluña en abril de 2015. En la misma se defiende la gestión de los comedores desde el mismo centro escolar, directamente o por medio del AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos).