Divididos en el Parlament. Unidos en el Govern. La postura salomónica de ERC y PDECat (la nueva CDC) sobre el caso Palau encierra una guerra sucia entre ambos partidos, inmersos ya en una implícita precampaña electoral, sabedores de que no se reeditará la coalición Junts pel Sí.
ERC y PDECat votaron divididos ayer, 17 de mayo, en el Pleno del Parlament en relación a dos resoluciones que instaban a la Generalitat a presentar acusación contra CDC en el juicio sobre el expolio del Palau de la Música. El caso ha puesto de manifiesto la supuesta financiación irregular de CDC mediante el cobro de comisiones por obra pública.
Las resoluciones salieron adelante por amplia mayoría, pero el presidente, Carles Puigdemont, decidió hacer caso omiso y dio órdenes a su abogado en el Consorcio del Palau de no presentar acusación en la vista oral. “La votación en el Parlament no ha servido de nada”, se jactaba el entorno de Puigdemont en los pasillos de la Cámara catalana, tras asegurar que esta postura fue consensuada ayer con Oriol Junqueras, vicepresidente del Govern y líder de ERC.
El acuerdo de electoral de JxSí daba libertad
Por el contrario, fuentes próximas a los republicanos hablan soterradamente de “decisión unilateral” y de “gran enfado”. Y recuerdan que fueron los convergentes quienes tomaron la decisión de marcar perfil y, tal como publicó Crónica Global, votar diferente de ERC en el Parlamento catalán. "El acuerdo electoral de JxSí dejaba libertad a los integrantes de la coalición en esta materia, pero mientras PDECat ha decidido abstenerse, ERC y Demòcrates han votado a favor de las resoluciones", precisan estas fuentes.
Nadie aclara si ese “pacto” entre Puigdemont y Junqueras tuvo lugar en la reunión del Consell Executiu o en una reunión informal. Pero lo cierto es que, de nuevo, fue la consejera de Presidencia, Neus Munté, la que tuvo que dar la cara. Tanto a efectos mediáticos como jurídicos.
Porque Munté es responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, donde hubo un cambio de criterio respecto a la necesidad de que el Govern presentara acusación.
El controvertido caso de Margarida Gil
En efecto, Esquerra, que alardea de tolerancia cero contra la corrupción, se envaina la postura que mantuvo el último año del Ejecutivo tripartito –PSC, ERC e ICV--, que decidió presentar acusación en la causa por el caso Palau tras conocerse el expolio cometido por Fèlix Millet y Jordi Montull.
En 2011, tras el cambio de gobierno, Artur Mas nombró a una nueva directora del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Margarida Gil Domènech, esposa del actual consejero de Interior, Jordi Jané. Entre sus primeras decisiones figura revocar la voluntad del tripartito y no presentar acusación. También el PDECat, que pretende distanciarse de las corruptelas de la antigua CDC, sucumbe a esas directrices.
Margarida Gil Domènech, había sido secretaria del departamento de Trabajo durante el Gobierno de Jordi Pujol / CG
Margarida Gil había sido secretaria general de Trabajo en el último Gobierno de Jordi Pujol. Su foto, incluida en el sumario de las ITV, en la que aparece con un magistrado inculpado y Assumpta Palau, abogada-jefe del Servicio Jurídico Contencioso-Administrativo de la Generalitat, tuvo una gran trascendencia mediática. Gil tuvo que declarar como testigo y admitió que se había reunido con uno de los empresarios inculpados.