La Fiscalia Superior de Catalunya considera que el anuncio de licitación de la Generalitat para la compra de 8.000 urnas “conduce al pueblo español y a todos los ciudadanos de Catalunya a una indeseable crítica situación de enfrentamiento”. Este es uno de los argumentos esgrimidos en la querella que José María Romero de Tejada interpone contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y el secretario general del Departament, Francesc Esteve, según informa La Vanguardia.
La querella alude a los supuestos delitos de desobediencia, malversación y prevaricación en un relato de 52 páginas con el que explica el proceso ante el Tribunal Constitucional de las decisiones del Govern y del Parlament en cuanto al proceso así como los casos juzgados del expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y los esconsellers Irene Rigau y Francesc Homs.
Entiende la Fiscalía que los miembros del Govern “animados” por una “voluntad unívoca de celebración de un referéndum de autodeterminación para continuar el propósito de crear un Estado catalán independiente en forma de República”, Borràs y Esteve “decidieron adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrarlo”. Una decisión tomada, a tenor de la Fiscalía, “pese a tener pleno conocimiento de la inconstitucionalidad de llevar a cabo este referéndum de autodeterminación”.