La entidad Societat Civil Catalana ha denunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados el “déficit democrático” que, a su juicio, sufren las instituciones catalanas, sometidas al “proceso secesionista” que promueve el Gobierno de la Generalitat. 

El ex presidente y actual vocal de la entidad Rafael Arenas ha pedido al Estado “tomar medidas” contra la vulneración de la legalidad perpetrada por el Gobierno que encabeza Carles Puigdemont.

Arenas ha dirigido "especialmente" su crítica al papel del Síndic de Greuges (donde se pueden presentar quejas sobre las administraciones públicas) por “haberse convertido en una herramienta más del nacionalismo”: “Lo que pedimos es que el Defensor del pueblo actúe con plenitud de competencias en el ámbito catalán”, ha añadido. 

Recurrir a los organismos internacionales

El representante de Societat Civil Catalana ha lamentado que “los instrumentos “de los que se disponen para defender los derechos de la ciudadanía “no estén funcionando” y ha advertido de que la Generalitat “está construyendo al margen de la ley sus estructuras de Estado como bases de datos ilegales que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos”. 

La entidad ha insistido durante la presentación del informe Déficits de calidad democrática en Cataluña; la vulneración de los derechos fundamentales en la Comisión de calidad democrática en que se deben tomar medidas y ha dejado la puera abierta a “recurrir a organismos internacionales”. En el turno de intervenciones, la diputada del PDECat, Lourdes Ciuró y el diputado de ERC, Xavier Eritja, han preguntado por los supuestos vínculos de la entidad con la extrema derecha. 

Imposición ideológica

El informe, que ha sido comentado ante los diputados, denuncia la “imposición ideológica” que se sufre en Cataluña: “En las últimas cuatro campañas electorales celebradas en Cataluña SCC ha comprobado que muchas administraciones —fundamentalmente corporaciones locales— colocan o permiten la instalación de símbolos independentistas —especialmente esteladas— en los edificios oficiales, locales electorales y espacios de titularidad pública”, ha esgrimido Arenas.

Asimismo, el vocal de la entidad ha criticado que esta “imposición ideológica” es todavía “más grave” cuando se manifiesta en la escuela. “En el informe se presentan muestras de injerencia nacionalista en la educación que resulta totalmente inadmisibles".

Los medios públicos de comunicación son también objeto de atención del estudio elaborado por SCC. Arenas ha detallado lo que a su juicio son “evidencias clamorosas” de vulneración del derecho a una “información plural”. Entre los ejemplos expuestos, el veto de Tv3 a Josep Borrell para presentar su último libro.

Otras de sus denuncias han sido las agresiones sufridas por los constitucionalistas, las irregularidades detectadas en periodos electorales o la opacidad del Parlamento autonómico. “Ante esta situación los ciudadanos catalanes nos sentimos desprotegidos”, ha concluido Arenas.