La Fiscalía contra la delincuencia económica, el crimen organizado y la corrupción pretende trasladar la investigación del llamado caso 3% a la Audiencia Nacional. Esta investigación, que se instruye desde hace más de dos años en el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell, se encuentra en un momento de impasse motivado por la destitución de los dos fiscales adscritos al caso, José Grinda y Fernando Bermejo. Ambos han sido inicialmente relegados por el fiscal general del Estado, aunque ese cese no se ha hecho aún efectivo.
Estos fiscales y la propia cúpula de Anticorrupción son partidarios de pedir formalmente el trasladado de esta investigación a un juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional, dado que el volumen del fraude y las ramificaciones del caso, incluso fuera de Cataluña, obligarían a ese cambio de jurisdicción.
De nuevo contra Gordó
Además, la fiscalía, sean quienes sean los funcionarios que finalmente se encarguen de la acusación, insiste en desglosar una pieza separada del sumario y remitirla al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Se trata de la pieza que tendría como protagonista a Germà Gordó, exgerente del partido, exconseller de Justicia, y persona a la que la fiscalía atribuye un papel preponderante y activo en la financiación irregular de CDC. El segundo escrito que prepara Anticorrupción contra Gordó recoge las indicaciones en ese sentido formuladas por el TSJC y pretende acotar una pieza contra el exconseller de Justicia en el alto tribunal catalán, y el resto de la causa remitirlo a la Audiencia Nacional.
La Guardia Civil de Tarragona que investiga por orden judicial el caso 3% ha dedicado proactivamente los últimos seis meses a investigar las vinculaciones de Gordó con la presunta trama corrupta de la financiación ilegal.
Llama la atención que la misma fiscalía que argumentó haber destituido a Grinda y Bermejo del caso 3% por estar radicados en Madrid y por los molestos y continuos traslados de ambos a Barcelona y El Vendrell, ahora pretenda que el caso recaiga en la Audiencia Nacional, es decir, en la ciudad donde viven los fiscales.