Más visualizadores y más inspectores de pisos turísticos en Barcelona. El ayuntamiento dobla el número de efectivos, hasta 80, para dar cumplimiento al compromiso del Gobierno municipal, que fijó esta condición para apoyar el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat).

Barcelona pasará de tener 20 visualizadores a 40, y de 20 inspectores a 34, según han cifrado en rueda de prensa la teniente de alcalde Janet Sanz y el portavoz republicano, Jordi Coronas.

5.500 expedientes

Sanz ha destacado que el Gobierno municipal ha abierto cerca de 5.500 expedientes por pisos turísticos ilegales, que han generado unas 2.800 sanciones --con 530 ya cobradas-- y más de 2.000 órdenes de cese, con 127 precintos ya efectivos, y que han abierto expedientes sancionadores también a 13 residencias de estudiantes que operaban como alojamiento turístico ilegal.

Ha lanzado un mensaje de seguridad a la ciudadanía ante las medidas para garantizar que los alojamientos cumplan la ley, y ha defendido “poner en valor a los que están haciendo bien las cosas, e ir hasta el final con los que no lo están haciendo bien” y no cumplen con la normativa y fomentan el uso de pisos turísticos ilegales, que ha descrito como corrosivos para la ciudad.

Discursos turismofóbicos

Coronas ha defendido que, reforzando la inspección, se dificulta que alguien opte por esta actividad ilegal, y ha defendido: “Tenemos muy claro que la regulación y el control de esta regulación son muy necesarios para acabar con discursos turismofóbicos”.

Sanz ha asegurado que ya se empieza a visibilizar un decrecimiento de los pisos turísticos ilegales --con unos 1.000 menos--, y ha asegurado que el Gobierno de Colau ha tomado medidas para gobernar el turismo y minimizar los efectos negativos sobre los ciudadanos, además de para “contrarrestar el sentimiento que pueda criminalizar el turismo”.

Recurso del Gremio de Hoteles

A preguntas de los medios sobre el recurso del Gremio de Hoteles de Barcelona (GHB) contra el Peuat por las condiciones de las reformas, Sanz ha recordado que la normativa permite reformas interiores y estructurales, y que sólo las que sean invasivas en su estructura deberán implicar una reducción del 20% de las plazas.

El gremio alertó de que la norma podría provocar la decadencia de la planta hotelera, algo que descarta Sanz, que ha insistido en que podrán realizarse obras, y ha añadido: “La barra libre a la que nos tenía acostumbrados el sector se ha acabado”. Tras lo que ha pedido no criminalizarlo.