La fiscalía investiga si hay corrupción en el procés. La Guardia Civil y el ministerio público examinan numerosas adjudicaciones de la Generalitat para crear estructuras de un Estado independiente cuyo valor asciende a 900 millones de euros. Según publica este martes El Confidencial, la suma total será previsiblemente mucho mayor.
La investigación gira en torno a la presunta desviación de fondos públicos por parte de altos cargos del Gobierno catalán en los contratos relativos a la Agencia Tributaria y a un servicio de inteligencia propios. El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) es el que centra las pesquisas.
Irregularidades en los contratos
Se trata del órgano del Govern que integra todos los servicios informáticos y de telecomunicaciones de la Administración catalana. La fiscalía sospecha que las licitaciones se amañaron con tal de favorecer a ciertas empresas y adjudicar los servicios por precios superiores a los reales.
Las irregularidades se produjeron, supuestamente, al otorgar al licitador un amplio margen de maniobra para seleccionar a las empresas que presentaban ofertas a los concursos, modificar el objeto de los contratos y pactar los precios y la duración de éstos.
En concreto, las investigaciones se centran en concursos en los que solo participó una compañía y la aplicación de criterios de valoración genéricos. Además, la ausencia de las actas de reuniones en los documentos, el incumplimiento de requisitos de los candidatos y licitaciones para contratos de colaboración público-privada superiores a los 20 años que marca la ley, son otras de las presuntas irregularidades detectadas.