“La desobediencia no está en el ADN de PDECat”, aseguraba recientemente un dirigente de la nueva Convergència. Toda una declaración de principios que preconiza el fracaso de un referéndum que difícilmente podrá superar, no solo los vetos judiciales, sino la falta de unión entre las propias fuerzas independentistas.

A modo de aperitivo, PDECat y ERC hicieron tan ostensibles ayer sus diferencias que el presidente Carles Puigdemont se vio obligado a convocar una cumbre de urgencia en el Palau entre las fuerzas indepes para llamarlas al orden. Siempre hubo divergencias entre los socios separatistas, pero la proximidad de la convocatoria del referéndum prometido ha acentuado los nervios, las rivalidades y las diferencias ideológicas.

La regañina de la consejera de Presidencia, Neus Munté, a la número dos de los republicanos, Marta Rovira, por haberse arrogado la potestad de explicar la logística de la consulta --se refirió a la posibilidad de recurrir a parados para organizar la votación--, revela el empeño de los convergentes en marcar perfil, tal como avanzó este fin de semana Crónica Global, ante un previsible adelanto electoral. Pero también, el reconocimiento implícito de que los ritmos independentistas de los socios de legislatura son muy diferentes.

Transitoriedad exprés

Es cierto que las iniciativas parlamentarias avanzan a un ritmo de crucero con la finalidad de aprobar en junio y por la vía de urgencia la ley más importante del proceso secesionista: la ley de transitoriedad o de desconexión. Pero la discreción en torno a esta legislación --opacidad, dicen los grupos de la oposición-- es similar a la de los preparativos del referéndum. No se quieren dar pistas “al enemigo”, es decir, al Gobierno español, afirman los secesionistas. Pero la sospecha de que el Govern no tiene este tema “atado y bien atado” es cada vez mayor.

Incluye esta norma, con la que los independentistas pretenden pasar de las leyes españolas a las catalanas, la regulación del referéndum, algo que la CUP rechaza. Los antisistema advierten de que la previsible impugnación del Gobierno y la consiguiente prohibición de los jueces matará dos pájaros de un tiro, es decir, la arquitectura jurídica de la futura república y la celebración del referéndum.

Trampas parlamentarias

Aunque Junts pel Sí y la CUP utilizan todas las tretas posibles para soslayar el debate parlamentario y acortar el margen de maniobra del Estado, lo cierto es que hay una línea roja que, según aseguran en PDECat, no se va a traspasar: la seguridad jurídica del proceso. La nueva Convergència no tiene intención de obligar a los Mossos d’Esquadra y a los funcionarios a cometer un delito. Ambas áreas dependen de consejeros de CDC --Gobernación e Interior-- y tanto agentes como empleados públicos ya han advertido de que no piensan correr riesgos.

Todo apunta que se convocará el referéndum, pero que no se celebrará, lo que abre la puerta al anuncio de elecciones catalanas. Sustituir esta votación por una especie de nuevo 9N --el proceso participativo que se llevó a cabo en 2014-- es algo que no se pueden permitir los partidos independentistas, que ya actúan en clave preelectoral.

Porque si PDECat ha decidido que ha llegado la hora de poner el acento en su faceta ideológica votando por separado en el Parlament, pues “ya no tenemos que demostrar que somos independentistas”, explica una fuente de esta formación, ERC se prepara ya para gobernar sin el apoyo de la derecha secesionista y, si es necesario, aplazar la independencia de nuevo en aras a un pacto con los comunes y con el PSC. Aunque los socialistas catalanes advierten de que no servirán de comodín para perpetuar un enfrentamiento con el Gobierno.