El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este martes, por unanimidad, la suspensión cautelar de las partidas del presupuesto de la Generalitat de Cataluña de 2017 destinadas a la organización de un referéndum independentista.

La suspensión cautelar --que se mantendrá mientras el alto tribunal estudia el fondo del asunto y, como máximo, durante cinco meses-- se ha producido automáticamente por la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra las partidas de las cuentas catalanas relativas a procesos y consultas populares y procesos de participación ciudadana.

Esta decisión se ha adoptado en la primera reunión jurisdiccional que el pleno del Tribunal Constitucional ha celebrado tras su renovación el mes pasado.

Notificación a Puigdemont y 18 altos cargos del Govern

Cabe destacar, además, que el alto tribunal ha atendido la petición del Gobierno de notificar personalmente la suspensión --y advertir de que, de no atenderla, podrían incurrir en responsabilidad penal-- al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; a sus 13 consejeros, y a otros cinco altos cargos del Govern por los que necesariamente pasa la ejecución de los presupuestos y la contratación de las prestaciones relacionadas con el referéndum secesionista.

Los miembros del Gobierno autonómicos advertidos, además de Puigdemont, son el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras; la consejera de la Presidencia, Neus Munté; el consejero de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, Raül Romeva; la consejera de Enseñanza, Meritxell Ruiz; el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull; la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs; el consejero de Salud, Antoni Comín; la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa i Coll; el consejero de Interior, Jordi Jané i Guasch; el consejero de Cultura, Santi Vila; el consejero de Empresa y Conocimiento; Jordi Baiget; el consejero de Justicia, Carles Mundó, y la consejera de Agriculltura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret.

Los cinco altos cargos apercibidos por el TC son el secretario general del Govern, Joan Vidal; el secretario general de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda, Josep Maria Jové; la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal; la directora general de Contratación Pública, Mercè Corretja, y la directora general de Presupuestos, Anna Tarrach.

Advertencia del TC

El alto tribunal advierte a todos ellos su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada". Y, en particular, les insta a abstenerse de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de disposición de las partidas presupuestarias impugnadas, o de cualesquiera otras, incluido el Fondo de Contingencia, "con el fin de financiar cualquier gasto derivado de la preparación, gestión y celebración del proceso referendario o del referéndum a que se refiere la disposición adicional impugnada; especialmente de licitar, ejecutar o fiscalizar contratos administrativos licitados por la Generalitat instrumentales para la preparación del referéndum; o de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de ampliación, modificación o transferencia de las partidas presupuestarias impugnadas o de cualesquiera otras partidas presupuestarias o del Fondo de Contingencia".

La suspensión de las partidas del presupuesto destinadas al referéndum independentista por parte del Tribunal Constitucional se suma al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias y al pronunciamiento de los letrados del Parlament, quienes también han advertido de la ilegalidad de esas partidas.

La Generalitat y el Parlament tienen ahora 15 días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren oportunas.