En paralelo a los grandilocuentes mensajes independentistas, el Ejecutivo catalán lleva a cabo una soterrada labor de campo consistente en asumir tareas cuyas competencias pertenecen a la Administración central. El nuevo objeto de deseo de la Generalitat es la inspección fronteriza y, por ello, ha puesto a disposición del Gobierno sus recursos personales para participar en esas tareas y agilizar, así, el tráfico de mercancías. Un objetivo que, según la administración autonómica, permitiría aumentar el número de empresas exportadoras en Cataluña.
El pasado miércoles, el consejero de Empresa, Jordi Baiget, se reunió con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, a iniciativa propia. El motivo oficial, tal como había anunciado días atrás el propio Baiget en un almuerzo con empresarios en la Cámara de Comercio de Barcelona, era pedir un aumento del número de puntos de inspección fronteriza (PIF) para solucionar el “cuello de botella” que se produce en el control de las mercancías.
millo baiget
La idea, por tanto, era solicitar al Estado la cobertura de 24 horas al día durante todos los días de la semana, y crear un nuevo PIF en el Puerto de Palamós.
Solo un 3% de contenedores analizados
Abierto a cualquier tipo de colaboración entre ambas administraciones, Millo defendió el buen hacer de los servicios aduaneros y aseguró que los horarios de inspección establecidos son “los que necesitan la seguridad alimentaria de las familias”. El porcentaje de contenedores que son inspeccionados no alcanza el 3%, afirmó, negando así que haya bloqueo de la actividad exportadora.
No pasó desapercibido al delegado del Gobierno que Baiget pusiera el personal de la Generalitat al servicio del Gobierno español para agilizar esos procesos. “Se trata de una competencia del Estado, pero probablemente, el Gobierno catalán pretenda colocar a sus trabajadores en los PIF, como ha hecho por ejemplo en los servicios de Hacienda. Pero no va a poder ser”, explican a Crónica Global fuentes conocedoras de la reunión.