Los 17 parlamentos autonómicos costaron 336 millones de euros a los contribuyentes en 2016. El más caro fue el catalán (51,9 millones), seguido por el andaluz (39,9) y el vasco (33,1), según un estudio de la plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC). 

Entre las partidas de gasto de las cámaras autonómicas, la más cuantiosa es la que hace referencia a gastos de personal que asciende, en conjunto, a 187 millones, más de la mitad del total.      

El estudio evidencia "notables diferencias" en el coste de los parlamentarios autonómicos.          

Costes anuales

Según el informe de esta plataforma, que recaba los datos presupuestarios de los distintos parlamentos en 2016, el coste medio de un parlamentario catalán asciende a 188.000 euros, muy por encima de los 103.090 euros que supone un parlamentario del Congreso de los Diputados y los 87.170 euros de un senador.              

Otro de los aspectos más polémicos en el coste de los parlamentos autonómicos en España es el de las subvenciones a los grupos políticos, es decir, las cantidades que cada cámara reparte entre los partidos que la integran y que están sujetas a la discrecionalidad de cada Parlamento.          

Aquí, también destaca el Parlamento de Cataluña por sus elevadas aportaciones: la cámara catalana paga a los grupos políticos 117.320 euros al año por cada parlamentario, casi el triple que el resto de parlamentos autonómicos (46.950).    

Casi 16 millones repartidos 

De hecho, la cámara autonómica catalana ha repartido en 2016 entre los grupos parlamentarios 15,8 millones, casi tanto como el Congreso de los Diputados (9,3 millones) y el Senado (6,8 millones) juntos.      

En concreto, el grupo de 62 diputados de Junts pel Sí recibió del Parlamento catalán en 2016 una subvención superior a siete millones.        

Esta subvención es más elevada que las recibidas por los 285 diputados del PP, PSOE y Podemos, conjuntamente, en el Congreso de los Diputados.         

Posibles medidas

Ante estos datos, el informe de Convivencia Cívica Catalana considera necesario introducir "racionalidad, transparencia y control" en el coste de las cámaras autonómicas. Respecto a las subvenciones, la plataforma propone tres medidas: limitar la cuantía, fiscalizarlas de tal forma que se asegure que van destinadas al desarrollo de la actividad parlamentaria y no a otros fines y, por último, establecer una normativa reguladora de alcance nacional que unifique criterios y permita su examen contable por el Tribunal de Cuentas.