La Fiscalía Superior de Cataluña está disconforme con la inhabilitación de dos años al expresidente catalán Artur Mas, derivada del delito de desobediencia por el 9N. Por ello, recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ante el Tribunal Supremo para que, además, el líder del PDECat sea condenado por prevaricación.

La decisión de la fiscalía se ha adoptado “en coherencia” con la posición mantenida por la Fiscalía del Supremo en la causa contra el exconsejero de Presidencia Francesc Homs, a quien el ministerio público acusa de desobediencia y prevaricación por el 9N. El recurso afecta también a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, quienes, junto a Mas, fueron absueltas del delito de prevaricación.

Hasta 10 años

La fiscalía pedía para ellos ocho años de inhabilitación –en el caso de Mas, pues, serían 10 años— por el delito de prevaricación, pero la sala los absolvió al entender que la “arbitrariedad” de su decisión de seguir adelante con el 9N queda incluida en la desobediencia. Crónica Global informó hace unos días de la posibilidad de este recurso ante el Supremo.

En una nota, la Fiscalía Superior de Cataluña justifica su recurso en la necesidad de garantizar la “unidad de actuación” que la Constitución Española, en su artículo 124, reconoce al ministerio público, y recuerda la situación de Homs, acusado de desobediencia y prevaricación por el mismo 9N.

Infracción de ley

En concreto, interpondrá un recurso de casación por infracción de ley contra la sentencia para que el TSJC “se pronuncie sobre la concurrencia del delito de prevaricación por el que han sido absueltos”.

También las defensas de Mas, Ortega y Rigau anunciaron el pasado lunes que recurrirán la condena por desobediencia, aunque todavía no lo han formalizado ante el Supremo, para lo que disponen de plazo hasta el próximo martes.

En su sentencia, el TSJC impone a Artur Mas la pena máxima por el delito de desobediencia al entender que “pervirtió los principios democráticos” e “hizo quebrar” la regla básica de sumisión a la ley, imprescindible para una “convivencia pacífica”.