El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha dicho: “Con la Justicia española, ni puedo ser candidato”. ¿Abre así la puerta a una hipotética Cataluña independiente o a las instituciones europeas? De momento, el líder de PDECat tiene claro que recurrirá al Tribunal de Estrasburgo si es preciso para demostrar que ni él ni Joana Ortega ni Irene Rigau son culpables de desobediencia, tal como afirma la sentencia condenatoria del 9N.
El fallo de dos años de inhabilitación para ejercer cargo público no es firme, por lo tanto, no está claro que pueda ser candidato o no. La Ley Orgánica de Régimen Electoral general (LOREG) establece que los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, no pueden aspirar a ejercer cargo público, asi como aquellos que, sin tener una sentencia firme, han sido condenados por rebelión, terrorismo, o por delitos contra la Administración o contra las instituciones del Estado.
Delitos contra la administración
Fuentes de la defensa de los acusados apuntan a que el delito de desobediencia no entra dentro de esos supuestos, es decir, no es un delito contra la Administración del Estado. Sí lo es, sin sombra de duda, el de prevaricación. Pero sí que hay doctrina jurídica que enmarca la desobediencia entre esos delitos contra la Administración.
Las mismas fuentes indican que sería la Junta Electoral la que, en primera instancia, se pronunciaría al respecto si finalmente PDECat decide que Artur Mas sea su candidato –algo que algunos sectores del partido descartan— y, en caso de disconformidad de las partes, se abriría un proceso judicial sobre un asunto en el que no hay unanimidad. Sin embargo, las propias defensas de los acusados por el 9N dan por imposible que "Artur Mas pueda ser candidato si las elecciones son la semana que viene. Si ejerciera ya un cargo público, al no ser la sentencia firme, no sería inhabilitado".
Para llegar al Tribunal de Estrasburgo, los condenados por el 9N tienen que recorrer un largo perilplo judicial, que podría incluir también el amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Aunque, después de lo ocurrido con el 9N, los letrados de la defensa tienen poca fe en el Alto Tribunal.
La sentencia sobre el 9N se ha conocido en un momento muy tenso en la nueva Convergència, acosada por los casos Palau y 3%, y con un debate interno respecto a quien debe ser el candidato en unas elecciones catalanas que se presumen no muy lejanas. Aunque el actual presidente, Carles Puigdemont, se descarta, hay corrientes internas que apoyan su candidatura.