Un informe de la Guardia Civil, incluido en el sumario sobre el cobro de comisiones del 3%, narra los intentos del empresario Sergio Lerma, propietario de Oproler, por acceder a contratos públicos a través de Josep Manel Bassols, delegado en Cataluña de esta empresa y exjefe de campaña de Carles Puigdemont cuando éste era alcalde de Girona.
El informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Crónica Global, narra los intentos de Bassols --esposo de la exresponsable de programa de transparencia de la Generalitat, Núria Bassols-- por interceder para que la empresa accediera a esos contratos.
Contactos para influir en las adjudicaciones
Según el documento, “este acercamiento a las autoridades locales de Girona quedan plasmadas de forma gráfica en las fotografías localizadas durante uno de los registros, donde aparecen Bassols y Puigdemont, en un partido de fútbol en el Camp Nou de BCN”, donde tras el encuentro refiere en sus novedades a Lerma de forma literal: "Ayer llevé al fútbol al alcalde de Girona (junto con su esposa y un arquitecto de confianza suya). La lluvia nos respetó y el resultado (del partido y de la invitación) fue magnífico. Espero nos ayude a entrar en el Ayuntamiento de Girona".
Los investigadores se refieren a un email enviado por Bassols a Sergio Lerma dos días antes de haber llevado al fútbol al alcalde de Girona, que demuestra, según se indica en el informe, que Bassols "ya habría establecido contacto con varios cargos institucionales con influencia política, entre los que estarían el propio alcalde de Girona, y diversos: alcaldes/alcaldesas, diputados/diputadas y cargos del gobierno de la Generalitat". Según se desprende de dicha comunicación, el designio de dichos encuentros sería el de establecer contactos con influencia política y poder decisorio en la adjudicación de obra pública, e influir en los mismos al objeto de que liciten obra pública, y se la adjudiquen.
Sistema de contratación "fraudulento"
La investigación concluye que "Bassols concierta una serie de reuniones de acercamiento entre la cúpula de BIMSA (Vives-Sánchez-Santolaria), y cargos públicos del Ayuntamiento de Girona (alcalde Puigdemont, teniente alcalde de Hacienda, Mª Angels Planas y concejal de Urbanismo Carles Ribas), al objeto de 'extrapolar' el sistema de contratación de BIMSA, ya de por sí fraudulento, al consistorio de Girona, con la única intención de ganar contratación pública ilícitamente en el entorno del Ayuntamiento de Girona".
BIMSA ee la empresa municipal barcelonesa cuyas irregularidades llevaron a la detención del exconcejal de CiU Antoni Vives.