El sumario por el llamado caso 3% constata que la contabilidad de Convergència Democràtica de Catalunya es un ejemplo de cómo no se han de llevar los números de una formación política sometida a un preceptivo control legal por parte del Tribunal de Cuentas, entre otros.

Las irregularidades en la gestión de los ingresos y gastos de la formación parecen palmarias, casi grotescas. Pero eso no es lo más grave. Lo peor son los nulos esfuerzos de los responsables del partido para disimularlo: actuaban con una sensación de impunidad desaforada o como consecuencia de una incompetencia manifiesta para ostentar esa responsabilidad.

Impuestos que no se pagaban, ingresos que no se registraban, gastos que no se cuantificaban y cuyo destinatario no se identificaba, ausencia de control, desidia total por aparentar un mínimo de pulcritud (ni que fuera de escaparate) en los números oficiales de una de las formaciones políticas más relevantes de la democracia española y por lo que se va sabiendo, más indecorosa en la gestión de su contabilidad.   

Lo sabían, lo sabían… 

Lo más grave no es que lo haya comprobado la Guardia Civil, sino que la propia Convergència lo constató y lo supo de primera mano porque sus propios informes y auditorías (encargados y pagados con dinero de CDC), así lo demuestran. No es que incumpliera las normas de contabilidad y transparencia de un partido político, es que no seguía las normas más elementales de contabilidad de una empresa, ni siquiera de una pequeña empresa. Y no hicieron nada. O mejor dicho, siguieron erre que erre.

El sumario del caso 3% que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell demuestra que una empresa auditora, Busquet, Economistes, Auditors, contratada para la elaboración de una auditoría sobre la gestión contable de CDC en 2013 y ejercicios anteriores, ya ponía sobre al mesa esas irregularidades flagrantes. Y lo hacía en un informe sobre la revisión de los estados financieros de CDC.

Irregularidades de todos los colores

Ese informe constata que CDC pagaba a proveedores sin factura. También que el partido que presidió Artur Mas no respetó la Ley 5/2012 de financiación de partidos políticos porque el partido ingresaba dinero de las cuotas de afiliados en cuentas no abiertas para está finalidad.

“En 2011, en los ingresos proactos promocionales superiores a los 30 euros es obligatorito identificar al donante. La entidad recauda estos ingresos a través de talonarios de 50 euros a 250 euros y no identifica al donante de manera que no es posible asegurar que la misma persona no ha comprado diversos tickets por importe superior a 300 euros, lo que implica el incumplimiento de la ley por tratarse de donativos anónimos. Durante 2011 se han incrementado de forma significativa estos ingresos que han pasado de 292.145 euros a 358.785 euros concentrados en el último trimestre”, versa el informe.

Descontrol

Todo ello sin que la entidad, como la llama la Guardia Civil en sus informes de análisis, “haya formalizado el preceptivo protocolo de control interno que pueda ser objeto de verificación e informe”.

“Si bien el partido incluye en la web el balance y las cuentas de resultados correspondientes a los ejercicios 2008-11, no aporta el detalle de las deudas bancarias como es preceptivo”.

Los gastos de afiliados, subvenciones, donaciones, rendimientos obtenidos en el ejercicio de sus actividades propias y los rendimientos de viajes no están exentos de impuestos de sociedades. Y CDC no los declara”.

Dietas 'by the face'

La auditoría de Busquet entra en el detalle más minucioso pero no menos revelador: ”La coalición paga el kilometraje de sus trabajadores a 0,26 euros por kilómetro y no practica retención por la diferencia entre los 0,19 euros por kilómetro permitidos fiscalmente y la diferencia”.

En el apartado de dietas o gastos de imposible verificación el informe no deja títere con cabeza: “Se han detectado dietas de personal que no se encuentra en nómina, y que, por lo tanto, no podía recibir dinero en concepto de dietas, por lo que sería un sueldo y estaría sujeto, pues, a retenciones y cotizaciones. Se ha pagado en un solo año 132.344,34 euros” por ese concepto.

La auditora invita a hacer un estudio sobre el impuesto que se liquida por los alquileres, muy inferior al legal según se desprende del estudio. Se sugiere hacer la declaración complementaria correspondiente.