La alcaldesa de Barcelona ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que ponga de su parte. En un pleno extraordinario sobre el Estado de la Ciudad celebrado este viernes, Colau ha solicitado modificar la legislación para poder regular el precio del alquiler, además de más financiación para el transporte público.
Tras explicar “el problema de gobernar en un consistorio tan plural” y lamentar haber aprobado los presupuestos aplicando una moción de confianza --“Barcelona los necesitaba”--, Colau ha pedido al grupo municipal del PP y a C’s que colaboren para que el Gobierno central se implique.
La alcaldesa ha pedido “acuerdo, diálogo, máxima transparencia, amplitud de miras y poner siempre el interés de Barcelona por encima de las siglas y los intereses particulares” en los dos años de mandato que quedan hasta las próximas elecciones municipales.
“Broma para los ricos”
El teniente de alcalde Jaume Collboni ha reconocido que el mercado de trabajo en la ciudad tiene que ser de más calidad y ha mencionado las que, según él, son los dos grandes objetivos a cumplir: garantizar derechos sociales y generar oportunidades.
Por su parte, el portavoz de CiU, llamado Demòcrata desde la mañana de este viernes, ha reprochado a Colau que sea “una broma para los ricos, una pesadilla para las clases medianas y un castigo para los más desfavorecidos”. Le ha exigido que se implique más con el proceso soberanista y la defensa del referéndum.
Carina Mejías, presidenta de C’s en Barcelona, ha advertido que la gestión municipal “empieza a parecer un problema” porque el consistorio ha dictado muchas normativas contrarias a las leyes.
División de los ciudadanos
El presidente del PP, Alberto Fernández, sostiene que el Gobierno municipal actual vive en la propia división de los barceloneses y ha acusado a Colau de “aprovecharse del dolor ajeno en algunas de sus políticas, que duelen. Le hablo de desahucios, pobreza energética y refugiados”.
La concejal de la CUP Maria José Lecha ha reiterado la frustración de los barceloneses ante la gestión del equipo de gobierno de Ada Colau y le ha reprochado que el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) continúe abierto y que los agentes de la Guardia Urbana sigan reprimiendo a los manteros.