Está llamada a ser la Agencia Tributaria de la futura república catalana. Y, para ello, la Generalitat ha duplicado este año la partida destinada a sufragar esa gran estructura de Estado. Pero tanto los funcionarios como los alcaldes catalanes no acaban de ver clara la logística del proyecto.

Por un lado, el Gobierno catalán ha decidido tirar de personal interino para ocupar puestos de responsabilidad, algo que los sindicatos consideran ilegal. Por otro lado, el despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) deja sin cobertura algunas zonas del territorio, lo que inquieta a los alcaldes afectados. Por ello, los altos cargos de la Vicepresidencia económica de la Generalitat, cuyo titular es Oriol Junqueras, se han visto obligados a hacer campaña mediante una ronda de contactos con 14 alcaldes.

La ATC, como ayer explicaba el propio Junqueras en una comparecencia parlamentaria, está en fase de expansión, tanto en materia de recursos personales como informáticos. La idea es dotarse de una red con capacidad para gestionar todos los impuestos que se recauden en Cataluña –un potente programa llamado e-SPRIU sustituirá a G@audí--, aunque según le han hecho ver los grupos de la oposición, la Generalitat solo tiene competencias para gestionar los impuestos propios o cedidos.

De 425 personas a 800

Pese a ello, Junqueras ha destinado para este año un total de 93,3 millones de euros a la ATC, lo que supone un aumento del 145% respecto al año anterior. Asimismo, pretende pasar de una plantilla de 425 personas a 800. No obstante, los expertos aseguran que la fiscalidad de una hipotética Cataluña independiente exigiría 5.000 empleados, como mínimo.

Las nuevas contrataciones han sido denunciadas por el sindicato UGT ante la Mesa Sectorial porque, según afirman, contratar personal interino para ocupar plazas de técnicos de gestores tributarios de la Generalitat (más de cien personas), vulnera la ley 7/2007 de la Agencia Tributaria de Cataluña. Según esta norma, los cargos técnicos que tienen categoría de agentes de la autoridad, como es el caso, solo pueden ser ocupados por funcionarios. Por ello, UGT cree que los funcionarios de carrera del cuerpo C, deben tener preferencia respecto a los aspirantes de la calle.

Fuentes del departamento de Economía aseguran que el proceso de selección se ajusta perfectamente a la ley, y que ha sido sometida al control de la comisión de retribuciones de gasto de personal. "La Agencia Tributaria es muy legalista en las convocatorias de personal, y los sindicatos son informados permanentemente", afirman estas fuentes.

Territorio al descubierto

Pero la independencia fiscal tiene otro frente abierto: el malestar en el territorio. La Generalitat ha decidido prescindir de las 53 oficinas liquidadoras repartidas por todo el territorio, dependiente de los registradores de la propiedad. Este colectivo profesional, que depende del Ministerio de Justicia, ha gestionado y revisado durante 40 años los impuestos de donaciones, de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados que se pagan en Cataluña, evitando incluso el colapso en algunos momentos críticos.

Tras anunciarse el fin de esa colaboración –que los registradores impugnarán ante la Justicia por ejecutarse dos meses antes de lo previsto– que supone un ahorro de 27 millones de euros al año para la Generalitat, se produjo un goteo de mociones municipales en defensa de la continuidad de esas oficinas. Ayuntamientos como Esplugues, Cerdanyola, L’Hospitalet de Llobregat o Igualada emitieron resoluciones a favor del trabajo de los registradores.

Economía pretende sustituir esas 53 oficinas con la creación de 15 nuevas dependencias de la Generalitat antes de julio de este año. Una cifra que la administración catalana considera suficiente, pero que deja al descubierto zonas de la Cataluña central y pirenaica, de forma que muchos catalanes deberán recorrer bastantes kilómetros para hacer sus gestiones fiscales. Por eso, el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, está inmerso estos días en una intensa labor de pedagogía municipal, pues tiene previsto reunirse con 14 alcaldes para explicarles el despliegue de la ATC.