Infraestructuras, Estatuto, lengua y fiscalidad. La salida al embrollo independentista catalán pasa por estos cuatro ejes, según afirma el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane. Asegura que, en este conflicto territorial, tanto el Gobierno español como el catalán han actuado mal, pues mientras el primero no ha sabido gestionar algo tan delicado como la cuestión sentimental, en Cataluña se ha optado por una radicalidad que impide el diálogo.

En conversación con Crónica Global, De Seoane ha hecho suyas las palabras de quien es su aliado en Cataluña, el que fuera presidente del Círculo de Economía, Antón Costas. Este catedrático afirma que, en el caso catalán, primero hay que buscar una salida, y luego ya se encontrarán las soluciones. De Seone tiene muy claro qué se debe hacer. Por un lado, el Gobierno debería concretar “ya” la financiación del Corredor Mediterráneo y la mejora de la red de Cercanías de Renfe. Proyectos, dice, que no deberían ser negociados, sino que deberían ejecutarse ya, pues tanto los empresarios como la sociedad civil así lo reclaman. Varias comunidades autónomas, recuerda, defienden ese eje viario.

Por otro lado, el presidente del Círculo de Empresarios cree que se debería desarrollar el Estatuto de Cataluña de 2006 --De Seoane cuestiona los recortes y la campaña hostil del PP-- y proteger la lengua catalana “como patrimonio de toda España”.

Principio de ordinalidad

Asimismo, ha defendido una mejora de la fiscalidad catalana, algo que también reclaman comunidades como la madrileña y la balear, mediante la aplicación del principio de ordinalidad (una correlación más igualitaria entre las aportaciones de una comunidad y los beneficios que recibe).

De Seoane ha recordado una vieja reivindicación a la que Jordi Pujol renunció durante la transición y que genera un amplio apoyo entre los sectores económicos y políticos catalanes: el pacto fiscal, inspirado en el concierto vasco.

Para todo ello, ha dicho, es necesario el diálogo entre ambos gobiernos, pero hoy por hoy, el Estado no tiene interlocutor en Cataluña.