Teresa Freixes (Lleida, 1950) es catedrática de Derecho Constitucional y experta jurídica de la Comisión y el Parlamento Europeo. Además, es la cara visible de la nueva organización Concordia Cívica, que pretende aglutinar las entidades no independentistas de Cataluña y ofrecer un discurso que apele a la razón y no contraponga legalidad y democracia.
-¿Cuáles son los objetivos de Concordia Cívica?
-Nuestro ámbito territorial es tanto Cataluña como el resto de España o Europa; y el mundo si me apura. Pretendemos que se oiga nuestra voz en todas los lugares donde sea necesario. Nuestro programa gira en torno a la defensa del Estado de derecho, la democracia, los derechos fundamentales y la solidaridad en una Cataluña abierta y plural, en España y en Europa.
-¿Alguien podría pensar que han reaccionado tarde?
-Nunca es tarde cuando se consigue. Llevamos tiempo preparándonos y actuando. Hemos esperado a tener masa crítica y estrategia de actuación para presentarnos públicamente. Porque el problema que tenemos que abordar no se soluciona en un abrir y cerrar de ojos. Es necesario tener organización y fines definidos. Ahora los tenemos y por eso hemos salido a la luz pública.
-Muchas otras entidades parecidas a las vuestras han fracaso, a diferencia de la ANC o Òmnium. Parece que sea más difícil mantener unidos a los unionistas.
-Yo no diría que otras entidades hayan fracasado. Incluso diría más. Trabajamos y trabajaremos codo con codo, palmo a palmo, con todas aquellas organizaciones, entidades, redes, etc. que concuerden con nuestros objetivos. Nos estamos coordinando con un gran número de ellas para varias acciones. Queremos contribuir a los objetivos comunes, apoyar y amplificar con todas ellas los valores constitucionales y europeos.
-Os han apoyado PP y C's. ¿Qué pasa con el PSC?
-Nosotros no pasamos lista de apoyos y demás. Como he señalado, trabajamos con todos los que concuerdan con nuestros objetivos. En el acto de presentación intervinieron personas y estuvieron en sala colaboradores de todo el arco constitucional. Tenemos apoyos de otras opciones políticas porque somos transversales. Tan transversales que ni tan siquiera somos antiindepentistas porque es una opción político-cultural tan legítima como otras mientras no se fundamente en supremacismos o postulados antidemocráticos. Sí somos contrarios a que las opciones políticas se defiendan y pretendan alcanzarse fuera del marco de la ley. Ahí sí que estamos absolutamente en contra.
-¿Tenéis previsto reuniros con el Govern?
-Si nos llaman, por supuesto. Nos reunimos con quien sea necesario. Hemos de procurar que esta locura se termine sin que nos hagamos daño.
-En Cataluña, estar en contra del referéndum es tildado de 'antidemócrata'. ¿Qué les dirías a la gente que opina así?
-Que nosotros no estamos contra los referéndums. Sí que estamos, como debe ser, contra los referéndums ilegales. Y este referéndum que pretende el secesionismo es contrario tanto a nuestro derecho interno como al derecho internacional. Sin marco jurídico adecuado no se puede votar, ni en elecciones, ni en referéndum.
-¿Se celebrará el referéndum de septiembre? ¿Qué opina sobre un posible precintado de los colegios electorales?
-Ahora están diciendo que lo pretenden para la primavera… No se puede celebrar ningún referéndum ilegal y el Govern lo sabe. Espero que no lo convoque, porque si lo hace, el Estado de derecho tiene múltiples medidas para evitarlo. Desde que la Junta Electoral no apruebe papeletas para la realización de un referéndum ilegal hasta la toma de medidas de coerción administrativa para impedirlo, como se haría en cualquier otro país democrático.
-Tras las revelaciones del exjuez Vidal, el desafío independentista ha tomado otro cariz: de la broma a la preocupación. ¿Hay motivos para pensar que habrá conflicto?
-Lo que ya hay es fractura social, que es lo más penoso del asunto. La sociedad está fracturada, no en dos partes iguales, que es lo que muchos dicen. No se puede hablar del tema según dónde. Yo misma recibo efusivas felicitaciones de un lado y enormes miradas de odio e insultos por otro. Además de que se pretende llevar al disidente a una muerte civil, excluyéndolo, desacreditándolo. Ese es el verdadero conflicto. El conflicto callejero, si se produce, será un conflicto de orden público como tantos otros que se han dado, con los anticapitalistas, los okupas, etc, etc.
-¿El procés terminará o se ha cronificado?
-Será largo todo esto. Ciertamente, el apoyo social global del secesionismo y del nacionalismo excluyente va bajando, pero su núcleo duro se radicaliza, porque entiende que sólo de este modo logrará sus objetivos. Hemos de volver a los procedimientos legales democráticos, que son los adecuados para canalizar los conflictos. E, insisto, hacer mucha pedagogía, para desmontar las mentiras o los equívocos que el discurso pretendidamente hegemónico, sobre todo en los medios públicos, ha venido practicando.
-Hay jueces que se han quejado diciendo que es "injustificable" la movilización a las puertas del juzgado para apoyar a Mas. ¿Qué opináis desde Concordia Cívica?
-Es evidente que se quiere presionar a los jueces de modo inapropiado. El espectáculo que se vivió el lunes es sencillamente deplorable. Con un presidente de la Generalitat arengando a las masas, acompañado por una presidenta del Parlament que tendría que serlo de todos los catalanes, dando así prestigio y contribuyendo a legitimar la institución y no confundiendo a la ciudadanía e intentando presionar a los jueces. También se pretende mantener en tensión a sus fieles, para que las emociones no decaigan. Pero estamos absolutamente seguros de que nuestros jueces son independientes e imparciales, como no puede ser de otra manera y que el Estado de derecho, como en todas las democracias, hace que se respete la ley.
No olvidemos que, como Estado de derecho democrático, tenemos un alto nivel de garantías constitucionales procesales que se respetan en este caso como deben ser respetadas siempre y que precisamente esa independencia e imparcialidad de los jueces es uno de los indicadores de legitimidad del sistema. Tenemos absoluta confianza en las instituciones democráticas que actúan dentro de la legalidad, que es la actuación normalizada civilizadamente en todas las democracias.