El abogado de la exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, ha denunciado que se juzgue por la vía penal una actuación “estrictamente penal” como es la consulta del 9N. Considera un error que el Gobierno español se querellara contra una “movilización democrática y pacífica”. Ha hablado de la “querella del puente aéreo”, rechazada inicialmente por la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña, cuyos miembros tuvieron que ejercer finalmente la acusación por orden de la Fiscalía General del Estado.
Rafael Entrena, letrado y compañero sentimental de la exvicepresidenta y exconsejera de Gobernación de la Generalitat, ha dicho que “lo que hoy se juzga aquí son actuaciones estrictamente políticas que están fuera del ámbito de intervención de los tribunales penales”.
Ni desobediencia ni prevaricación
Asimismo, “en ningún caso se dan los requisitos objetivos y subjetivos que puedan entender cometidos los delitos de desobediencia penal y prevaricación”.
Entrena, que ha calificado a Emilio Sánchez Ulled como el “Messi de la fiscalía" --curiosamente, el letrado fue vicepresidente del Espanyol--, ha asegurado que su cliente “no recibió ninguna resolución ni requerimiento” del Tribunal Constitucional. Y afirma que fueron los voluntarios quienes ejecutaron el proceso de participación, debido precisamente al deseo del Govern de llevar a cabo una votación legal. Por eso se anuló la primera consulta.