Jordi Pina, abogado de la exconsejera de Educación Irene Rigau, ha acusado al Estado de actuar con “mala fe procesal” en su impugnación de la consulta del 9N. Y al igual que sus colegas de la defensa de Artur Mas y Joana Ortega, ha manifestado que no hubo ejecución de la suspensión de la prohibición del Tribunal Constitucional (TC). "Lo voy a decir: el Gobierno español quiere la muerte política de los tres acusados", ha aseverado.
Pina ha calificado este momento procesal como el más emocionante de su vida y ha arremetido contra el fiscal Emilio Sánchez Ulled por “excusarse” por sus actuaciones. “Creo que a todos nos debería hacer reflexionar”, ha dicho Pina, quien ha reconocido, no obstante, a la actuación “impecable” del fiscal el 9N.
El letrado ha acusado a la profesora Dolores Agenjo, que se negó a dar las llaves de su centro para celebrar la consulta, ha dicho que su único objetivo era obtener por escrito documentación firmada por el Gobierno catalán para presentarlo ante el tribunal.
Temor de no llegar a tiempo
Ha cuestionado “la buena fe procesal del abogado del Estado, es decir, del Gobierno español”, porque no pidió la ejecución de la suspensión de la votación “ante el temor de no llegar a tiempo”, sino que fue directamente al TC para que se impugnara el anuncio oral de Artur Mas sobre el proceso de participación. “Quizá este tribunal debería valorar si hubo mala fe procesal por parte del Estado”, ha dicho durante su intervención.
En este sentido, ha dicho que las resoluciones del TC son “declarativas, no ejecutivas”. Para que sean ejecutivas, se necesita el auxilio del procedimiento civil. Ha precisado que solo las sentencias del Alto Tribunal son de obligado cumplimiento, pero nada dice la Constitución sobre las resoluciones. Por eso, ha dicho, hubo una reforma legal para aclarar esos procedimientos judiciales del TC.
Por ello, ha dicho que su cliente no pudo desobedecer, pues no había ejecución.