La Generalitat puso los colegios a disposición de la consulta del 9N

Un testigo de la acusación ha desmontado la tesis del Gobierno catalán de que la consulta del 9 de noviembre de 2014 fue organizada exclusivamente por voluntarios, y ha asegurado que la Consejería de Enseñanza intervino en la cesión de locales escolares. Asimismo, ha dicho que el departamento se negó a dar las instrucciones por escrito.

Josep Alsina, inspector de Educación de los Servicios Territoriales Comarcales, ha comparecido como testigo en el juicio por la organización de la consulta del 9N. Se sientan en el banquillo el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Educación, Irene Rigau.

"Te han engañado"

Alsina ha explicado que la consejería convocó una reunión para informar de la celebración de la consulta y que aconsejó a las dos directoras sobre las que tenía competencias que, si la Generalitat pedía ceder sus centros escolares para la votación, pidieran las instrucciones por escrito. “Ellas me dijeron que la directora de Servicios Territoriales se puso furiosa, dijo que si lo decía ella no era necesario hacerlo por escrito”, ha asegurado. Una de las directoras se resistía a entregar las llaves del instituto. Servicios Territoriales de la Generalitat entregó un recibo con un sello, pero sin firmar, conforme se habían entregado las llaves, ha añadido. “Yo le dije a la directora que me parecía que la habían engañado, porque no llevaba la firma”, ha explicado.

“Yo como inspector sí hice un escrito en el que les decía a las directoras del centro que si la Consejería de Enseñanza exigía ceder los locales para la votación, debía hacerlo por escrito. La ley de procedimiento administrativo dice que la cesión de los centros escolares a otras entidades para usos sociales debe formalizarse por escrito”, ha explicado Alsina, quien se quejó formalmente al departamento de que se dieran esas instrucciones únicamente de forma verbal.

Jesús Rull, inspector de Enseñanza ya jubilado que también ha comparecido como testigo del fiscal, ha expresado la inquietud que sintió el sector cuando se dieron instrucciones verbales, no escritas, sobre el 9N. “Si entregábamos las llaves del centro, pensé ¿quién era el responsable?”. El testigo ha dicho que el inspector jefe “nos dijo verbalmente en una reunión que nos abstuviéramos de intervenir en el proceso. Hubo personas que estuvieron a favor y otros en contra”.

Ante las dudas sobre una posible ilegalidad, se puso en contacto con la alta inspección del Ministerio de Educación para informar de los hechos.