Jueces liberales, progresistas o no significados y fiscales muy a la derecha y muy a la izquierda del abanico ideológico, participarán a partir del lunes en el juicio por el 9N. Por lo tanto, nadie podrá decir que los juzgadores y acusadores del expresidente Artur Mas, de la exvicepresidenta Joana Ortega y de la exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau, pertenecen, desde un punto de vista ideológico, a un sector determinado o único del arco político.

Puede que a todos les una una innata vocación de apego a la literalidad de la ley, la ley que ha de ser ciega para con los justiciables y profiláctica con el ruido que se genere alrededor de ellos y de quienes los juzguen.

Las nueces al ruido

Difícil tarea desgranar los argumentos jurídicos de la fanfarria social. Pero siendo, como es, difícil y no poco molesto, forma parte de los obstáculos que jueces y fiscales deben de burlar fundamentalmente por dos motivos innegables como aseguraba un exfiscal del TSJC a este medio: porque se les paga un sueldo público para ello y porque, inevitablemente, no tienen otro remedio.

El ponente de la sentencia será el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, exmagistrado de la sección 7 de la Audiencia de Barcelona y miembro de la asociación liberal Francisco de Vitoria, de inequívoco talante constitucionalista y que se ha pronunciado en alguna ocasión, sin rubor ni medias tintas, contra lo que se ha dado en denominar el derecho a decidir. Barrientos redactará la sentencia.

Jueces para la democracia

A su izquierda se sentará el magistrado Carlos Ramos, exfiscal anticorrupción, hombre vinculado estrechamente a los fiscales Mena y Villarejo y a quien se relaciona con un determinado sector del aparato del PSC. Es miembro de la asociación progresista Jueces para la Democracia.

A la derecha de Barrientos se sentará el magistrado Eduardo Rodríguez Laplaza, el más joven, con tan sólo ocho años de experiencia en la magistratura. Fue elegido para este tribunal porque era el único magistrado del TSJC no contaminado por la causa --no participó en el análisis de las decenas de recursos procedentes de la misma--, que tenía fechas libres para el presente juicio. Se sabe poco de él, salvo que pasó por los juzgados de Manresa y que no tiene adscripción política conocida.

Diferentes pero no nacionalistas

Fuentes  judiciales cercanas al TSJC confirman que ninguno de los tres ha mostrado jamás “tentaciones nacionalistas”, ni se han posicionado del lado de los jueces y magistrados que, en su día, firmaron el documento de apoyo al dret a decidir.

En el banquillo de la fiscalía, dos viejos conocidos de los tribunales catalanes: el teniente fiscal Francisco Bañeres, de talente conservador; y el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, reputado jurista y discípulo aventajado de José María Mena, su mentor. Sánchez Ulled llevará la voz cantante de la acusación pública durante la vista. Es el que mejor conoce el asunto y es quien, durante la víspera del 9N, se negó a retirar las urnas de cartón que la ANC repartió por toda Cataluña. Ulled, de perfil progresista y técnico, se va a agarrar a la valoración de los hechos subjudice evitando cualquier pronunciamiento que se sitúe fuera de lo que concierne al debate judicial que tendrá lugar durante el juicio.

La presencia de Bañeres significará la presencia institucional de la fiscalía en este juicio de tanta enjundia.

¿Inaguantable presión?

La fiscalía ejercerá la acusación pese a que la propia fiscalía del TSJC consideró que la querella contra Mas, Ortega y Rigau no tenía razón jurídica de ser. Paradójica situación.

Todos estos jueces y fiscales se enfrentan a la verdad de unos hechos por dirimir pero con la inevitable presión de toda una orquesta de ruidos mediáticos, sociales y propagandísticos a su alrededor. Aunque vaya en su sueldo, veremos cuan anchas son sus espaldas para soportar el envite.